Cómo un funcionario puede estar en régimen subsidiado, por qué sus empleados tampoco contribuyen al sistema de salud y dónde está el dinero que ha ingresado a su oficina desde enero del 2016, son las preguntas que un denunciante anónimo quiso resolver al poner en conocimiento de la Fiscalía y la Procuraduría, unas presuntas anomalías que involucran al inspector de Tránsito de El Carmen de Bolívar, Gustavo Sierra Fernández, por lo que piden una investigación profunda por una presunta incursión en celebración indebida de contratos, peculado por omisión y prevaricato.
En régimen subsidiado
La posesión de Gustavo Sierra en el cargo de inspector de Tránsito fue el 18 de enero de 2016. Desde entonces, según dice la ley, debería haber pagado su seguridad social, pensión, ARL y EPS, pero en una consulta que hicimos en el Registro Único de Afiliación, Ruaf, no aparece afiliado a riesgos laborales, cesantías ni compensación familiar. En el régimen de pensiones, se reporta un ahorro individual, afiliado en el 2008 en Colpensiones pero su estado es activo no cotizante.
Según el Ruaf, Sierra Fernández está activo en Cajacopi Atlántico en el régimen subsidiado desde el 1 de septiembre de 2016 y así como él, otros empleados estarían en el mismo régimen, incumpliendo el artículo 48 del Código Disciplinario Único, en su inciso 28, que califica como falta gravísima “(…) no realizar puntualmente los pagos por concepto de aportes patronales o del servidor público para los sistemas de pensiones, salud y riesgos profesionales del sistema integrado de seguridad social, o respecto de las cesantías, no hacerlo en el plazo legal señalado y en el orden estricto en que se hubieren radicado las solicitudes”.
“Esto se prueba con la impresión de Fosyga del inspector y de varios empleados de nómina y contratistas, algunos de los cuales aparecen activos en régimen subsidiado desde antes del 2016, es decir, nunca fueron afiliados al contributivo”, comentó el denunciante.
Esta falta disciplinaria le haría incurrir en la conducta punible de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, descrita en el artículo 410 del Código Penal, ya que “está prohibido realizar este tipo de contratos sin que se certifique la afiliación al régimen de seguridad social”, concluyó la fuente.
¿No emiten recibos?
La denuncia se extiende a la posible comisión de un peculado por apropiación, pues la oficina no estaría reportando en las plataformas obligatorias ni consignando el dinero en las cuentas de la entidad, los ingresos por cobros de multas o impuestos, así como no se están emitiendo recibos por los pagos.
Un empleado de la oficina le informó a El Universal que en lugar de recibos entregan un paz y salvo, que le confirma al usuario que no debe nada, pero el registro nunca se da. “Las entidades están en la obligación de expedir un recibo de pago cuando se cancele cualquier impuesto. Si entregan un paz y salvo, en lugar del recibo, no hay forma de demostrar cuánto ingresó ni hay forma de demostrar contablemente que en realidad hay ingresos”, describió la fuente.
Sin cobrar deudas viejas
El tercer delito que se denuncia es el prevaricato por omisión, relacionado en que desde su posesión, no se han realizado los cobros coactivos de las multas, reflejándose una dramática disminución en los pagos reportados desde 2016.
“En el 2015 se recaudaron más de 160 millones de pesos por multas, reportadas como pagas. De ahí en el 2016 se bajó a menos de la mitad, siendo un año el cobro por unos 40 millones y otro con aproximadamente 60”, explicó.
De acuerdo con esto, la oficina coordinada por Sierra Fernández habría dejado prescribir más de 3 mil millones de pesos, que por ley ya tienen más de tres años y no se pueden cobrar.
Según información del Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, desde el 18 de enero de 2016 hasta el 15 de enero de 2018, se realizaron en El Carmen 6.562 trámites entre licencias de conducción expedidas, matrículas iniciales, cancelaciones de matrículas y cambios de color, que en dinero representarían más de 700 millones de pesos, según cálculos por el número y valor de cada trámite.
Sierra responde
“Cuando se contrata a una persona, debe trabajar primero y hacer la afiliación a la seguridad social. Después de eso es que se hace el primer pago con la cuenta de cobro”, explicó a El Universal Gustavo Sierra, recalcando que no se ha dado la celebración indebida de contratos.
Sobre los sueldos atrasados de sus empleados, dijo que se debe a que hay meses en que no se recauda el dinero suficiente para pagar al personal de planta y que el motivo por el que no se suben los contratos a la plataforma obligatoria es porque el alcalde municipal no ha solicitado la clave que necesitan para ello.
Sierra Fernández reconoció que en los trámites se entrega un recibo de caja menor con los logos de la institución, porque “las cuentas del Tránsito están embargadas por los empleados de las anteriores administraciones. Por eso se hace el recaudo y se le entrega este recibo de caja menor”, sustentó.
El funcionario no se refirió a su ausencia de aportes a la seguridad social, pensión y ARL.
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