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El acueducto de Caracolí quedó convertido en cultivo de arroz

El sueño que tenían los habitantes del corregimiento de Caracolí, en la Alta Montaña de El Carmen de Bolívar, de tener un moderno sistema de acueducto, se fue “por un tubo”. Hoy es una pesadilla.

Las obras que, desde el año 2015, inició la administración del entonces alcalde Francisco Vega Arrauth, a través de varios contratistas, nunca fueron terminadas. Por eso, esta comunidad, a 8 kilómetros del casco urbano, sigue abasteciéndose del agua que corre por el arroyo Alférez y la que hay en los pozos artesanales a unos seis kilómetros del caserío.

Por tal razón, con tristeza, muchos aseguran que esa obra nunca será realidad.

Los contratos

El Universal pudo establecer, a través de una revisión a los convenios, que el primer contrato que firmó el hoy exalcalde, preso en la cárcel de Sabanalarga (Atlántico), como representante legal de este municipio, para la construcción del acueducto rural del corregimiento Caracolí, lo hizo con la Asociación de Municipios del Sur de La Guajira (Asoagua) el 26 de septiembre de 2014, que para esa fecha estaba inhabilitada para adelantar cualquier trabajo.

Pero, debido a la situación que enfrentaba Asoagua y que no le permitía ejecutar las obras, el convenio fue cedido a Poldino de Jesús Posteraro Ariza, el 5 de diciembre de 2014. Solo hasta el 25 de enero de 2015, el alcalde suscribió un convenio con el nuevo contratista para adelantar las obras.

Pero allí no paró todo. El contratista, para hacer los trabajos necesarios, por ejemplo, talar árboles, sobre todo nativos y hacer excavaciones, necesitaba una licencia ambiental, la cual nunca le fue otorgada por Cardique, tal como lo expresaron en la Resolución 1768 emanada el 25 de noviembre de 2016, y en la cual también ordenó un proceso sancionatorio contra el municipio y el nuevo ejecutor de la obra.

Otra de las falencias que presenta este proyecto está ligada a los predios donde se iniciarían las obras, que, según sus propietarios, nunca han sido del municipio, lo que impedía invertir recursos allí.

No obstante, y a pesar de todos los inconvenientes, la administración de entonces pagó 1.797 millones de pesos, como demuestra una certificación de la Alcaldía municipal.

En el 2015, el 17 de febrero, el interventor de la obra, Wiston Hernández Anaya; y el contratista, Poldino Posteraro Ariza, manifestaron, a través del acta N.1, suspender temporalmente las labores.

Según ese documento, era para darle mayor seguridad en la estabilidad del dique-terraplén. Por lo tanto, tenían que intervenir el embalse y conformación topográfica de la cuenca hidrológica aperturada.

Tres meses después se reiniciaron las obras, el 15 de mayo de 2015; y, de acuerdo con lo expresado por la Fiscalía, luego de una investigación sobre el acueducto de Caracolí, estas solo alcanzaron un 20 por ciento de avance.

¿Qué dice la gente?
Alberto Royet Cantillo, presidente se la Junta de Acción Comunal (JAC), señaló que hace mas de once meses se paralizaron los trabajos y nadie les explica qué está pasando con el acueducto.

Expresó que en el corregimiento nadie conoce al contratista Posteraro, nunca les dijeron lo que iban hacer y solo vieron una máquina pasar para hacer la represa, que el año pasado fue arrasada por la creciente del arroyo Alférez y en la que hoy existe un cultivo de arroz.

Igualmente, hay unos pedazos de manguera que no cumplen ninguna función; y un tanque para el tratamiento del agua, que está inconcluso y que se ha convertido en criadero de sapos.

El año pasado también fue construido un empedrado, del cual hoy no quedan rastros, porque también se desmoronó, ya que, según el presidente de la JAC, no le aplicaron los materiales adecuados.

“Lo único que vemos que construyeron fue la mitad del tanque, para el tratamiento, porque estamos seguros de que no lo hicieron completo”, dijo el líder.
La comunidad sigue pasando sed,  recogiendo el agua que cae del cielo y consumirla sin ningún tratamiento. Cuando se agudiza el verano, hay que conseguirla en los lugares donde también la consumen los burros y las vacas.

Este medio constató que en una de las casas del corregimiento se encuentran almacenados algunos elementos que serían para esta construcción, como cemento y varillas. El cemento, por todo el tiempo que lleva allí se ha dañado, dijeron.

Royet asegura que lo que ellos ven, en medio de tanta incertidumbre, es que existe un robo, una obra inconclusa y una comunidad padeciendo por un líquido tan vital.

Cargos imputados
La jueza de control de garantías, Elizabeth Araújo, cobijó, con medida de aseguramiento intramural, a Francisco José Vega Arrauth, Mario José Melo Villa y Poldino Posteraro Ariza, quien para el día de su entrega fungía como gerente de Sayco. Días después renunció al cargo. 

A estas tres personas la Fiscalía les imputó los delitos de violación al régimen legal o constitucional, inhabilidades e incompatibilidades; contrato sin cumplimiento de los requisitos legales vigentes y falsedad ideológica en documento público.

Según las investigaciones del ente acusador, en diciembre de 2014, Asoaguas cedió a Poldino Posteraro Ariza un contrato para la construcción del acueducto de Caracolí, corregimiento de El Carmen de Bolívar. Para esta obra, la Alcaldía entregó inicialmente 1.640 millones de pesos, pero Posterano Ariza habría subcontratado a terceras personas para la culminación del proyecto.

Los elementos recopilados en las indagaciones evidenciaron que en noviembre del 2015, pese a que las obras solo iban en un 20 por ciento, Posterano Ariza recibió de la administración municipal 600 millones de pesos adicionales, a través de un otrosí.

Hasta el momento, siguen prófugos de la justicia los contratistas Orlando Vega Guzmán y César Andrés Beltrán Castillo, a quien Posteraro Ariza subcontrató para la construcción del acueducto.

La denuncia
La denuncia que generó la investigación de la Fiscalía, y que  tiene tras la rejas al exalcalde Francisco Vega Arrauth, al contratista de la obra, Poldino Posteraro Ariza; y al exsecretario de Planeación municipal, Mario José Melo Villa, la realizó la Organización para la Defensa de los Derechos de la Comunidad (ODDC).

Desde febrero de 2017 la representante de la organización, Blanca Victoria Sabagh, le solicitó al alcalde Rafael Gallo Paredes el estudio para la liquidación de ese contrato y hacer efectivas las pólizas, pero el mandatario no respondió la solicitud.

“Como el alcalde no nos respondió un derecho de petición, interpuse una acción de tutela, y, por medio de esta, manifestó que se encontraban todavía en estudios jurídicos para tomar decisión. Nos preguntamos cómo es posible que una administración municipal, ante un contrato tan importante y cuestionado, no haya tomado una acción en defensa de la comunidad”, agregó Sabagh.

 

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