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El conflicto no solo los desplazó, les dejó una deuda de 10 millones de pesos

La situación de Enenesio Pacheco  y Jorge Ballestas empeora día tras día. Fueron despojados de sus tierras hace más de 18 años por grupos al margen de la ley, que les exigieron abandonar su finca Concepción Guajira, en El Bayano, San Estanilsao de Kostka, para no atentar contra su vida o la de sus familias.

Una historia que, como miles, se ciñe a la violencia ocurrida en esta comunidad del norte de Bolívar, donde niños, jóvenes y adultos fueron sacudidos en 2001 por la incertidumbre y el dolor de dejarlo todo.

Antes de ser desplazados, Jorge Ballestas y Enenesio Pacheco se acogieron a la Ley 60 de la Reforma Agraria de Colombia. Por medio de la ley, accedieron en 1995 a un programa apoyado por el desaparecido Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) y la Caja Agraria, que ayudaba a los campesinos a obtener subsidios para la compra de tierras y su puesta en funcionamiento con proyectos productivos.

El Incora se encargó de subsidiar el 70 por ciento de la negociación mientras que la Caja Agraria, a través de créditos  de financiación, se comprometía a ayudar a los campesinos con el restante 30 por ciento. Con estos beneficios, el campesino de antaño conseguiría proyectos rentables para mejorar su calidad de vida.

Para 1996 ni Enenesio, ni Jorge, ni ninguno de los campesinos del lugar, contaron con la suerte de la naturaleza debido a que varios episodios del Fenómeno del Niño y la Niña, (que causaron sequía e invierno) se dieron en la época en que se disponían a emprender sus proyectos. Es entonces cuando los campesinos afectados solicitaron un re financiamiento a la Caja Agraria para recuperar parte de dinero ya invertido. En este proceso se englobó la escritura a nombre de los propietarios actuales de las tierras que en total suman diez

Luego de este episodio, y ya cuando creían que la situación mejoraría con el clima, llegó en 2001 la violencia a San Estanislao de Kostka y asimismo se iban esfumando los sueños de regresar a cosechar éxitos en su tierra. “En esa media mañana tuvimos que abandonar nuestras tierras”,  recuerda Jorge.

Las tierras que por derecho les pertenecen a los campesinos, ahora se encuentran incluso en manos de otros ocupantes, pues al irse desplazados (en el caso de Enenesio) el miedo a regresar y las tres horas que se gasta en llegar al lugar donde reposa su parcela, lo obligaron a dejar su parte en arrendamiento a varios habitantes cercanos. Aquí entra otro inconveniente, pues su arrendatario ha trabajado por más de cinco años la tierra de manera ininterrumpida y tiene derecho sobre el predio de Pacheco ante la ley, de acuerdo con un respaldo legal que trabaja el abogado que le lleva el caso.

Durante todos estos años, Jorge y Enenesio afirman que han recorrido las oficinas de Restitución de Tierras y de la Defensoría del Pueblo a la espera de la microfocalización de los desplazados de San Estanislao, proceso que debe hacerse para seleccionar casos específicos y darles  prioridad según lo ameriten.

La preocupación de los dos campesinos radica entonces, en los créditos que Caja Agraria les ayudó a financiar para obtener sus tierras. Ese 30 por ciento financiado por Caja Agraria hace 18 años  ha ascendido de manera alarmante a espaldas de los proyectos productivos que, desde 1996 no se realizaron. La Caja Agraria, entidad que fue considerada una de las mejores del país en su época y que cayó en declive a finales de los años 80, se convirtió en el Banco Agrario, y cedió su cartera a Covinoc para limpiar los nombres de los deudores.

“Covinoc nos llama y nos invita a negociar, pero es que nosotros no tenemos plata ni para nuestras familias. Mi deuda va por casi 10 millones de pesos y yo con qué voy a pagar eso si ni las tierras que son de nuestra propiedad las estamos trabajando”, argumenta Jorge.

MICROFOCALIZACIÓN

El Consejo Nacional de Seguridad en Colombia es el ente que se encarga de realizar la macrofocalización de las zonas afectadas por el conflicto armado, teniendo en cuenta el número de víctimas. En estas macrozonas deben existir una serie de condiciones de seguridad que garanticen el retorno de sus habitantes. Las microzonas por su parte, están a cargo de la Oficina de Restitución de Tierras, que realiza una microfocalización, para trabajar en las áreas que más despojo y abandono tuvieron y avanzar de mayor a menor, por así decirlo.

En Bolívar, se escogió a los Montes de María por ser uno de los espacios con más solicitudes de restitución y por ende Marialabaja, San Juan, San Jacinto y El Carmen son lugares priorizados. Pero a la fecha, el Consejo Nacional de Seguridad no ha establecido macrozonas en el norte de Bolívar.

Álvaro Tapia  Castelli, director Territorial de la Unidad de Restitución de Tierras de Bolívar, dice que se trabaja en los Montes de María y que los municipios del norte de Bolívar no se van a dejar de lado, pero que “estos procesos van de acuerdo con las demandas que se presenten inicialmente y el norte de Bolívar no tiene un gran número de solicitudes y reclamaciones”. 

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