Para la protección de los derechos fundamentales a la información, a la salud y a la vida, el Juzgado Promiscuo de Familia de El Carmen de Bolívar falló a favor de cinco menores, cuyos padres instauraron una acción de tutela contra la Gobernación de Bolívar para que entregue el informe técnico hecho a más de 200 niñas de este municipio, presuntamente afectadas tras la vacuna contra el VPH.
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La tutela ordena tres acciones claras a la Gobernación de Bolívar: entrega en forma individualizada del informe del estudio hecho en convenio con la Universidad de Cartagena para determinar los motivos y afectaciones de las menores; elaboración de un plan individualizado de las niñas que hicieron parte del estudio; y el inicio, seguimiento y valoración completa sobre el estado de salud de las cinco tutelantes.
La copia del informe
Aunque la Gobernación había explicado que una de las razones por las que no se entregaba el informe es el carácter reservado de las historias clínicas, el juez ordenó que el gobernador, Dumek Turbay, o quien haga sus veces como representante legal de la Gobernación, debe entregar a los representantes de las menores tutelantes “el informe del estudio en el que se desarrolló Convenio Interadministrativo celebrado entre el departamento de Bolívar y la Universidad de Cartagena, para determinar los factores biológicos, ambientales, sanitarios y sociales relacionados con el proceso de vacunación para la prevención de la infección del VPH que puedan explicar los efectos biológicos y comportamentales en las adolescentes de los municipios de Bolívar”.
El fallo aclara que como este informe está sometido a reserva legal, el solicitante deberá comprometerse a guardar la referida reserva legal.
Plan de atención
La otra razón por la que interpusieron la tutela fue la poca atención que recibieron las niñas, aún después de la exposición hecha por la Universidad de Cartagena en la que aseguraron que necesitaban atención urgente.
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Sobre esto, el juzgado ordenó la elaboración del plan individualizado de las menores que hicieron parte del estudio y se proceda a su aplicación en el menor tiempo posible.
También ordenó a la Secretaría de Salud departamental, a la Secretaría de Salud de El Carmen de Bolívar y a la EPS Mutual Ser, para que “dentro del término de cinco días siguientes a la notficación de esta providencia, inicie seguimiento y valoración completa sobre el estado de salud” de las cinco menores tutelantes.
También en este punto dice que deben autorizar de manera inmediata el suministro de todos los medicamentos, tratamientos, insumos, intervenciones quirúrgicas y prácticas de rehabilitación necesarios para la mejoría de su estado de salud, así como acciones para brindar la atención sicológica al grupo familiar de las afectadas.
Esperan su cumplimiento
Aunque la Gobernación no se había notificado del tema al cierre de esta edición, el fallo ordena que se dé solución dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia y tienen 3 días para impugnar, si lo desean.
Blanca Sabahg, accionante y representante de la Organización para la Defensa de los Derechos de los Ciudadanos, ODDC, explicó que esperan que con esto la Gobernación sí responda a las solicitudes hechas desde que en mayo se socializó el estudio y que las menores reciban la atención que requieren.
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