Aminta San Martín Teherán dice que se vio en la necesidad de invadir una porción de tierra de la finca San José, predio que se encuentra entre Nuevo Retén y Arroyo Grande, veredas que pertenecen al corregimiento de San José de Playón, jurisdicción de Marialabaja.
Allí, cuenta, llegaron unas 300 personas el pasado 12 de junio y decidieron levantar unos cambuches, argumentando ser víctimas de la violencia, que no han tenido atención del Estado en cuanto a proyectos de vivienda se refiere.“Aquí la gran mayoría que han llegado son mujeres cabeza de hogar y con niños pequeños. No tenemos un lugar digno dónde vivir. Sólo queremos que se nos brinde una ayuda”, comentó la mujer.Su testimonio lo corrobora Ofanor Pérez, quien precisó “que aquí por este lugar muchas personas fuimos víctimas de grupos armados. Muchas familias fueron desplazadas de poblaciones cercanas y nunca se atrevieron a regresar a ellas”, resaltó el campesino.Así como ellos otras familias en distintos sectores de Marialabaja, tanto en el casco urbano como en la zona rural, se han tomado terrenos de uso privado y público con el mismo argumento.Solo la semana pasada, la Alcaldía desalojó a unas 150 familias de un lote de unos 7 mil metros cuadrados que pertenecían al desaparecido Idema y en donde se pretende construir una nueva planta de tratamiento para el agua potable, con lo que se le pretende dar fin a la falta de este servicio en la población.
Cultivadores, preocupadosAlgunos cultivadores de palma africana en Marialabaja muestran su preocupación porque sus terrenos, que son privados y que están generando empleos, también son blanco de los invasores.Fincas como El Tesoro, Rancho Grande, entre otras, son ocupadas de forma ilegal por personas, que a juicio de los denunciantes, son dueños de viviendas en zonas cercanas y no entienden qué los motiva a cometer ese hecho.“Nosotros pagamos nuestros impuestos y exigimos que se respeten nuestros derechos. Damos empleo a muchas personas de la zona y no es justo que hagan esto con nosotros”, precisó uno de los administradores de fincas.Lo que le piden a la Policía y a las autoridades de Marialabaja es que ejerzan un mayor control sobre la zona. “El Esmad desalojó el 21 de julio y a la media hora de haberse recuperado el terreno y tras cercar nuevamente, se vuelven a meter. Ya recibimos amenazas. A uno de los administradores de una finca intentaron darle con un machete; se metieron en otro predio e hicieron daños en la vivienda del cuidandero. Nos sentimos desprotegidos”, relató otro afectado.Señalan que de seguir esta situación, quienes estén interesados en invertir en esta zona no van a querer hacerlo, pues se van a encontrar con esta difícil situación que lo que hace es alejar a quienes quieren darle bienestar a las familias campesinas de Marialabaja.
Habla la Administración
Katherine Batista Hernández, secretaria de Gobierno de Marialabaja, señaló que esas comunidades invasoras, que en efecto en su mayoría son víctimas de la violencia, se ha dialogado y se les ha explicado que esa no es la forma de exigir sus derechos. “Le hemos dicho que algunos ya fueron incluidos en proyectos de vivienda, pero deben tener paciencia, pues el proceso es demorado, pero ya tienen su casa asegurada. Otras familias no fueron tenidas en cuenta, pero se realizan las gestiones para que puedan llegar a tener la suya. Deben desalojar por su voluntad, pues de lo contrario se hará uso de los estamentos legales para recuperar los predios”, indicó la funcionaria.
