La inseguridad y la ilegalidad reinan en la zona minera del sur de Bolívar. Ante estas situaciones, representantes del gremio que trabajan en forma legalizada exigieron una mayor presencia del Estado con el fin de poder ejercer sus labores.
La petición la hicieron en un encuentro interinstitucional sobre la minería en el sur, en el hotel Holiday Inn, en la Zona Norte de la ciudad.
En esta mesa de trabajo participaron Silvana Habib, presidenta de la Agencia Nacional de Minería; Eduardo Amaya, vicepresidente de Contratación y de Titulación de la Agencia de Minería; María Eugenia Morales y Arturo Zea, delegados de la Unidad de Víctimas; Álvaro Tapia, de la Unidad de Restitución de Tierras; Enrique Núñez, director de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB) y representantes de los mineros.
Los representante de los mineros, especialmente de Mina Santa Cruz, jurisdicción de Barranco de Loba, fueron enfáticos en señalar que “grupos armados nos han invadido el territorio, usando maquinaria pesada y cantidades indeterminadas de mercurio y cianuro, causando un daño grande al medio ambiente”, dijeron.
Añadieron que fuerzas oscuras, como quiera que se llamen los grupos delincuenciales que operan, son una constante amenaza en la zona “para 192 familias, que son las que se benefician de un título minero que fue otorgado por el Gobierno, pero son los grupos ilegales los que finalmente se están beneficiando de la explotación, con el uso de maquinaria pesada”.
La representante a la Cámara por Bolívar, del partido Cambio Radical, Karen Cure, aseguró que desde su llegada a la Comisión V, siempre ha llamado la atención del Gobierno para que pongan sus ojos en el sur de Bolívar. “Lo que queremos es que sean escuchados y sus problemas sean visibles, porque los problemas de seguridad que afrontan son grandes. Denuncian la explotación ilegal con grandes maquinarias y el uso de químicos que dañan el ambiente. Lo más preocupante es que no hay presencia de la fuerza pública y gobierna la ilegalidad”, dijo la congresista.
Destacó que este es un ‘enano’, que de no prestarle atención a tiempo se puede crecer muy rápido trayendo consecuencias graves en todos los sentidos, afectando a miles de familias que viven de la minería.
Por su parte, Silvana Habib Daza, presidenta de la Agencia Nacional de Minería, recalcó que la extracción ilícita de minerales atenta contra el medio ambiente. “Queremos decirle a los mineros que el título de explotación minero y la licencia ambiental es lo que le da la legalidad a la minería. Estamos trabajando articuladamente con las autoridades para combatir la minería ilegal. Vamos a acompañar a los mineros del sur de Bolívar, con el apoyo de las autoridades”, expresó.
Daños ecológicos
Enrique Núñez, director de la CSB, explicó que el daño ecológico causado por el uso de sustancias como cianuro y mercurio en la minería ilegal es grande y evidente en el sur. “Nosotros tenemos estudios que demuestran que no solo el uso de químicos, sino de maquinaria pesada, que aumenta la erosión en zonas boscosas y orillas de cuerpos de agua. Hay evidencias en la salud de los niños, como malformaciones y el aumento de enfermedades respiratorias. El funcionario advirtió que el daño que causa la minería ilegal en el sur de Bolívar ha llegado hasta la Bahía de Cartagena. “Venimos trabajando con el Ministerio de Minas y Ministerio de Medio Ambiente para erradicar el uso del mercurio y cianuro de la actividad minera en unos dos años”, puntualizó.
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