El Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó al municipio de Córdoba, con el apoyo de la Gobernación de Bolívar, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena), realizar obras civiles necesarias para prevenir la erosión del río Magdalena en el corregimiento de Tacamocho.
Por medio del auto interlocutorio 003 del 25 de febrero de 2015, se les conminó a que se realicen, teniendo en cuenta los estudios, diseños y proyectos definitivos con la inclusión de mediciones topográficas y batimétricas de la zona, que permitan la gestión del riesgo tal como lo solicitó la Universidad Nacional por medio de unas recomendaciones.
Así mismo, le concede a esa población, un término máximo de tres meses para realizar y/o procurar desarrollar la etapa de planificación contractual, comprendida, entre otras, por las autorizaciones, apropiaciones presupuestales, los estudios, diseños y proyecto definitivo para llevar a cabo las obras en el corregimiento.
Una vez efectuados los estudios, dentro de los tres meses siguientes, deben elaborar el pliego de condiciones del contrato para la construcción de esa obra pública y, en ese sentido adelante en forma eficiente y perentoria las etapas del proceso seleccionado y adjudicación del contrato.
Igualmente, adjudicado el respectivo contrato, superior o inferior, el municipio contará con un plazo de 12 meses, salvo que los pliegos determinen un plazo superior o inferior, de cual debe informarse a ese despacho y al comité de seguimiento cuya conformación se ordena mediante este fallo.
El Tribunal también ordena la conformación de comité integrado por el Jaime Ortega Álvarez, accionante, la Alcaldía municipal, la Gobernación de Bolívar, Cormagdalena y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, que debe estar integrado dentro de los quince días siguientes a la ejecutoria de esta providencia y estará revestido de facultad para pedir informe las gestiones tendientes al cumplimiento de las órdenes impartidas en este documento.
A su vez, Jaime Ortega Álvarez, quien interpuso la Acción Popular para buscar la protección del derecho colectivo para el corregimiento Tacamocho, dijo que tomaron la decisión de dar ese paso importante porque no podían permitir que la erosión se llevara por completo el corregimiento, ya que los entes gubernamentales no han hecho nada para proteger a la población. Agregó que pese a que en el año 2008 la Universidad Nacional realizó un estudio y sus recomendaciones no fueron tenidas en cuenta en su momento.
Lo que buscan con esa medida, según Ortega Álvarez, es lograr que los organismos gubernamentales realicen las obras civiles correspondientes, pues a medida que pasa el tiempo son más las familias afectadas y el pueblo tiende a desaparecer por la fuerza de las corrientes del río.
Ante este fallo proferido por Tribunal Administrativo de Bolívar. El Universal consultó al alcalde del municipio de Córdoba, Carlos José Villamil Becerra y este señaló que aún no han recibido ninguna notificación, pero una vez eso suceda se pronunciarán.
La comunidad mostró su complacencia, ya que con fallo podrían agilizarse las obras que después de muchos años han exigido.
Comentarios ()