Representantes del Consorcio CED, que adelanta la construcción de cinco megacolegios en Bolívar, Armenia (Pinillos); México (San Jacinto del Cauca); Regencia (Montecristo); Barranco de Loba y (Chapetona) en El Peñón, denunciaron que han tenido inconvenientes para avanzar en las obras por los problemas de orden público que azotan esta zona del sur del departamento.
Señalaron que ha habido inconvenientes en el cobro excesivo en el transporte, cargue y descargue de materiales, que a juicio de los contratistas, se estaría disfrazando algún tipo de extorsión, hecho que elevaría los costos iniciales del proyecto y pondría en riesgo la ejecución del mismo, en las comunidades afectadas por la pasada ola invernal que azotó al departamento en 2010-2011. La construcción se desarrolla tras un convenio realizado entre la Gobernación de Bolívar y el Fondo de Adaptación.
“Se han presentado casos particulares donde hemos tenido que suspender actividades por orden público y en otras por condiciones climáticas que han impedido el normal desarrollo de la ejecución de estas obras, pero estamos pendientes de reiniciar y donde hemos tenido el mínimo de garantías, no hemos parado”, dijo Mauricio Campo del Cairo, director Administrativo del Consorcio CED.
La reunión se desarrolló por convocatoria de la Secretaría de Educación, a la que asistieron Secretaría del Interior, el contratista, la interventoría, el Fondo de Adaptación, la Policía Nacional y la Segunda Brigada del Ejército.
“Efectivamente realizamos acompañamiento en algunos lugares donde se construyen estos megacolegios (...) frente a ello hacemos un balance con la Secretaría de Educación, Secretaría del Interior y Dirección de Seguridad y Convivencia, para revisar los avances de obras y escuchar de parte de ingenieros e interventores algunas situaciones especiales manifestadas y que solicitan acompañamiento de la fuerza pública”, afirmó el Coronel Víctor Gómez, Comandante de Policía de Bolívar
Víctor Hugo Arango, director de Seguridad y Convivencia de la Gobernación, dijo que coordinará todas las acciones que permita contar con el apoyo de las alcaldías locales, personerías, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional y Segunda Brigada del Ejército, con el fin de socializar con las comunidades la ejecución de los proyectos y brindar garantías al contratista.
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