La juez primero promiscuo municipal del municipio de Turbaco, Mabel Verbel Vergara, realizará este jueves (22 de septiembre) una audiencia preliminar de imputación de cargos y/o medida de aseguramiento contra la actual concejal de este municipio Rayza Alejandra Ahumada Ochoa, del partido ASI.
La audiencia fue solicitada por el Fiscal 38 de esta población, por los presuntos delitos de peculado por apropiación, obstrucción, supresión u ocultamiento de documento público y celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, tras una denuncia hecha por Carmenza Espinosa Puello, cuando Ahumada Ochoa fungió como presidenta de esa corporación en el año 2014.
Ante las denuncias (No. 1361 de 2015) hechas, la Contraloría Departamental, emitió una respuesta sobre los presuntos malos manejos de recursos y encontró siete hallazgos fiscales, en donde se evidencian los gastos reflejados en la cuenta corriente No. 05822700070574, del banco Davivienda, los cuales ascienden a $341.933.199 millones; mientras que los soportes de egreso y caja presentados por la entonces Presidenta, solo ascienden a $312.617.645, lo que para el ente investigador habría un faltante de más $29 millones.
Según conoció El Universal, en los folios 634, 636, 637 y 664, que hacen parte de esta investigación, se refleja el pago de los meses de agosto a diciembre de 2014 correspondiente al contrato No. 014 CMT-01-08-2014, por valor de $2.400.000 por cada mes, que corresponde al contador de la Secretaría General del Concejo municipal.
Sin embargo, en el folio 633, aparecería nuevamente el pago del mismo contrato por valor de 12 millones de pesos. Lo anterior, de llegar a comprobarse, constituye un hallazgo administrativo con alcance fiscal, por la pérdida de más de $41 millones.
Semanas atrás, El Universal consultó con la concejal Ahumada Ochoa y esta expresó que sobre los hechos no haría ningún tipo de pronunciamiento. Sin embargo, este medio estará a la espera de sus declaraciones.
Más hallazgos
La Contraloría también analizó otras contrataciones de prestación de servicios profesionales. Por ejemplo, en los expedientes de asesoría jurídica (013 CMT 01-08-2014) no reposan los pagos de la seguridad social, como lo establece la Ley 1150 de 2007; no se evidencia el Registro Único Tributario (RUT), Decreto 624 de 1989; tampoco existen certificados de Contraloría, Procuraduría y Antecedentes Judiciales, contraviniendo lo establecido en la Ley 190 de 1995 y la Ley 610 del 2000. Así mimo, en el contrato No. 05 CMT -20-01-2014, faltarían, al parecer, estudios previos y análisis de la necesidad.
Lo anterior constituyen, para el ente, hallazgos administrativos, fiscales y disciplinarios.
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