Tras varios días sin poder ejercer sus funciones, el pasado viernes cinco concejales de Calamar que estaban provisionalmente suspendidos, retomaron sus labores de control gracias a la decisión a su favor emitida por la Procuraduría Regional de Bolívar, la cual revocó la providencia dictada el pasado 24 de agosto por la Procuraduría Provincial de El Carmen de Bolívar que pretendía apartarlos de sus actividades durante tres meses.
La decisión fue tomada luego de que los afectados impugnaran el fallo emitido por el procurador provincial Xavier Cohen, por tanto tras analizar los hechos, la procuradora Regional Ítala Pedrazzinni consideró que en la decisión de primera instancia “no se encuentran dadas las condiciones o requisitos sustanciales para que proceda la medida cautelar en tanto que la decisión de primera instancia ofrece debilidades, denota una falta de análisis, una falta de justificación a proyección a partir de circunstancias particulares... pudiendo estar sobre el riesgo de cuestionar peligrosamente la autonomía deliberativa de la corporación pública”, es decir, no existe un fundamento jurídico que sustente que los concejales hayan cometido una falta y la medida adoptada por ese despacho pondría en tela de juicio o riesgo el control político, que les fue designado a los cabildantes por voto popular.
“Las personas nos escogieron para que veláramos por los recursos y hemos venido haciendo ese control, no hay una justificación para que se emitiera una providencia de esa índole, la ley nos da unas atribuciones que en este caso es la de ejercer el control político, y nosotros lo estamos haciendo de una manera estricta en la inversión de los recursos públicos que se vienen invirtiendo”, aseguró Alejandro Arrázola, vicepresidente del Concejo.
La polémica
Dicha suspensión resultó de una denuncia interpuesta por el alcalde de Calamar, Yesid Jassir Vergara, por la no aprobación de unos proyectos de acuerdo presentados por la alcaldía municipal para la incorporación de recursos al presupuesto de Calamar, procedentes del Fonpet. A consideración de la Procuraduría Provincial de El Carmen la decisión de los concejales de no aprobarlos, obedecería a que “existe un presunto comportamiento irregular, manteniendo sumido en un total caos administrativo y de atraso al ente territorial”, además explica “que la permanencia de los concejales en el cargo permitía que continuaran incurriendo en una conducta presuntamente omisiva”.
Sin embargo, los cabildantes calificaron de ilógica la medida tomada por la Procuraduría, explicando que sus funciones están ligadas al control político y no es obligación que todo lo presentado deba ser aprobado. “Nosotros nos apegamos a la ley, a lo que establece la Constitución Política y las normas concordantes”.
Explicaron que en el Concejo se han aprobado al alcalde unos 38 proyectos de acuerdo de 40 presentados y los dos negados han sido porque van con errores de forma y de fondo, destacaron además que incluso el proyecto que fue negado tres veces, fue aprobado finalmente el 14 de julio de 2017 cuando la documentación estuvo completa como lo demuestra el acta radicada con dicha fecha.
“Nosotros fuimos elegidos por la comunidad para ejercer un control político, una vigilancia sobre las actuaciones de los funcionarios y de la inversión de los recursos públicos que son de los calamarenses”, manifestó Jaime Eljaiek, presidente del Concejo.
Por último, dijo que ellos - los concejales- trabajan por su comunidad y lo único que esperan es que los proyectos que presente el alcalde ante la corporación estén bien fundamentados para que sean aprobados en las comisiones y en la plenaria.
Piden mayor control
Los cabildantes advirtieron que esta situación pone en entredicho sus funciones, por lo cual piden a los entes de control que tengan mayor vigilancia en el actuar de los funcionarios para que estos no tomen decisiones sin fundamentos y mucho menos obedeciendo a favores políticos. Así mismo explicaron que tomarán las medidas necesarias para que se investigue el proceder del procurador provincial de El Carmen.
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