La calma regresó a Santa Catalina y el orden público está bajo el control de la Policía y de la Infantería de Marina.
Sin embargo, ayer, en varias de sus calles se sentía una especie de tensión por los hechos que sucedieron el pasado viernes después de seis de la tarde cuando el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad) llegó a la población con el fin de habilitar la carretera La Cordialidad, que había sido bloqueada desde las 8 a. m. por un grupo de manifestantes que reclamaban agua potable, mejor atención en salud y escenarios deportivos.
Mientras que la mayoría de los cataneros se mostraban de acuerdo con protestar para exigir sus derechos, también manifestaron su inconformidad por los actos vandálicos protagonizados por un ‘puñado’ de antisociales que atacó la sede del Palacio Municipal y la casa del alcalde Salomón Castro Cantillo.
Hubo destrozos en ventanales, puertas y vidrios. También se llevaron alguna documentación de los archivos y se hurtaron un computador. Ya las denuncias fueron instauradas por el mandatario para que los responsables respondan ante la justicia.
“El Esmad llegó fue disparando por todos lados sin medir las consecuencias y comenzó a agredir al que estaba y al que no estaba en la gresca. Eso fue aprovechado por unos pelaos para destruir la alcaldía, la casa del alcalde y la Casa de la Cultura”, expresó un poblador.
Los cataneros manifestaron que la vía del diálogo es la mejor forma de concretar acciones encaminadas al desarrollo del municipio.
Habla la comunidad
Jairo Ortiz, un líder cívico de Santa Catalina, expresó que ante todo, aunque a muchos no les guste el alcalde es Salomón Castro y se merece el respeto como primera autoridad.
“No estamos a favor de los hechos violentos que sucedieron, pero la comunidad está viviendo muchas dificultades, como la falta de agua, un buen servicio de salud que no existe y los escenarios deportivos para los niños y jóvenes. Muchos cansados de la situación se alteraron porque el alcalde no se acercó a hablar con ellos, pero no podemos permitir que esos hechos se repitan. Hay que buscar la forma de siempre conversar con el alcalde para solucionar nuestros problemas”, expresó.
El líder juvenil Fred Oñoro también se sumó al rechazo de los actos violentos, pero cree que todo se pudo evitar “con más comunicación entre la alcaldía y la comunidad. Ni las vías de hecho ni la violencia son el camino, por encima de todo está el diálogo. Las cosas se solucionan es hablando y comunicándole permanentemente a las personas qué se está haciendo para evitar estas cosas. Hay que evitar que el pueblo se polarice”, indicó el joven.
Las gestiones
Salomón Castro Cantillo, alcalde de Santa Catalina, rechazó la violencia y manifestó que siempre ha estado abierto al diálogo pero dentro del marco del respeto. Indicó que sabe cuáles son las necesidades, pero se está trabajando para recuperar el hospital y pagarle a los trabajadores; se denunció a quienes pagaron cerca de 700 millones de pesos por un estadio que no existe y que deben responder; además, Aguas de Bolívar S.A. E.S.P. tiene unos recursos garantizados para mejora la prestación del servicio de agua potable.
“El hospital estaba en un desorden administrativo y se está reconstruyendo la información financiera porque se extravió y no aparece. Se redujo el personal porque no era sostenible esa carga laboral para la ESE, por eso salieron 35 funcionarios. Con la Secretaría de Salud de Bolívar estamos implementando una estrategia para sacarlos adelante”.
Agregó que el proyecto para mejorar el servicio de agua potable no ha avanzado porque el terreno donde hace 25 años se construyó el acueducto no son ni de Clemencia ni de Santa Catalina, y no se ha podido negociar con el dueño.
“Aguas de Bolívar ya tiene los recursos, pero ahora estamos mirando si se buscan otros terrenos donde haya las condiciones, tras realizare unos estudios y así poder hacer la inversión para poner fin a esta problemática”, precisó Castro Cantillo.
“Un acto criminal”
El alcalde de Santa Catalina calificó como un “acto criminal” los recursos invertidos y pagados en un estadio inconcluso, y dice que aún espera el pronunciamiento de las autoridades que investigan a los responsables. “Hemos aportado todas las pruebas, pues necesitamos que los responsables respondan por ese detrimento patrimonial, pues por su culpa nuestros niños y jóvenes deben ir a otras poblaciones a practicar deporte”.
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