Trabajadores de Giscol exigen pago y reintegro

02 de septiembre de 2015 12:00 AM

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Un grupo de personas que trabajaron para la empresa Giscol S.A. E.S.P., que operaba el acueducto de La Línea (Santa Rosa de Lima, Villanueva, San Estanislao de Kostka y Soplaviento) realizaron ayer una protesta pacífica en las afueras de las alcaldías de San Estanislao (Arenal) y Soplaviento, argumentando que fueron despedidos de manera ilegal de esta empresa, vulnerándoles los derechos que tenían como empleados.

Giscol fue la empresa a la que la Superintendencia de Servicios Públicos le canceló el contrato por la pésima prestación del servicio en estas poblaciones.
Rafael León Padilla, asesor sindical de los trabajadores de Giscol, precisó que fueron despedidos injustamente y sin autorización del Ministerio del Trabajo. “Además todos los empleados estaban amparados con el fuero circunstancial, una medida que evitaba que fueran despedidos”, aseguró.

Explicó también que se demandará a la firma, a la nueva Empresa Intermunicipal de Servicios Públicos y a las alcaldías de La Línea.
Ruth Osorio, exempleada, exigió el reintegro para  los 34 empleados y que “se nos cancelen los cuatro meses de salario que nos deben. Ahora Giscol dice que no tiene plata y no sabemos qué hacer”.

Alcalde responde
Roger Suárez, alcalde de Arenal, aclaró que los alcaldes de La Línea le han girado a Giscol, excepto Santa Rosa de Lima que tiene orden de no pagarles, los recursos de los subsidios. “Hay en Fiducia unos $200 millones para que cancele parte de esas acreencias laborales. La responsabilidad es de Giscol, no de los municipios”, dijo.

Explicó que es imposible para la nueva empresa contratar a los mismos empleados porque se convertiría en “una deuda consentida” y como apenas acaba de arrancar la nueva empresa es inviable asumir esos compromisos.

El Alcalde de Arenal sostuvo que la única deuda que asumió la Empresa Intermunicipal de Servicios Públicos, que opera ahora el servicio de agua, fue la que Giscol dejó con Electricaribe, la cual está por el orden de los 600 millones de pesos. “Y lo hicimos para que podamos tener el servicio”, precisó.  

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