Los padres de familias de las niñas enfermas de El Carmen de Bolívar, quienes fueron vacunadas contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en el año 2013, celebraron la advertencia que le hizo la Corte Constitucional al Ministerio de Salud sobre el biológico, el cual no puede ser aplicado sin consentimiento de las personas y padres de familia.
Como se recordará, los padres de estas niñas y jóvenes, han denunciado, desde ese año, que luego de que se les aplicaran estas vacunas sus hijas comenzaron a sufrir ciertos trastornos en su parte física y sicológica.
Lo que dice la Corte
El documento emitido por la Corte establece que el Estado no podrá obligar a la población colombiana a vacunarse contra el VPH sino que, por el contrario, deberá garantizar el derecho al consentimiento informado de sus destinatarios, como condición sine qua non (sin la cual no) para administrar la vacuna, informando de forma clara sus efectos adversos.
Opinan padres
Debido a esta decisión, Emerson Sandoval Cervantes, padres de tres menores que aún presentan crisis como dolor de cabeza, adormecimiento en las extremidades, asfixia y deformaciones en el sistema óseo, asegura que esa es satisfacción para ellos esa determinación, teniendo en cuenta la difícil situación por la que han tenido que atravesar.
“Es importante esta decisión para que más niñas no sufran lo que vivieron nuestras hijas, quienes aún tienen que enfrentar las crisis, pero a nosotros también nos hubieran preguntado si aceptábamos o no la aplicación”, dijo Sandoval.
Por su parte, Pedro Tapia Torres, quien también tiene una hija enferma, asegura que esto llega de forma tardía porque los daños en la salud de las estudiantes han aumentado cada vez más. Para el padre de familia esto siempre debió ser así y consultar con los familiares y explicar en qué consistía el procedimiento.
La Corte ordenó al Ministerio “elaborar un informe en el que identifiquen el número de personas que habiendo sido destinatarias de la aplicación de la vacuna contra el VPH requieran atención por parte del sistema de seguridad social en salud por causas atribuibles a posibles afectaciones derivadas de dicha vacuna. Además, deberá impulsar campañas masivas de comunicación y educación pública sobre el particular”.
Para recordar
La Organización para la Defensa de los Derechos de los Ciudadanos (ODDC) en el año 2015 realizó una solicitud pública para que se declarara la moratoria en la aplicación de dicha vacuna.
Se inició investigación
El pasado mes de julio, el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, confirmó que se invertirán $1.000 millones para realizar una investigación científica que busque establecer qué enfermedad padecen estas niñas y el tratamiento médico que estas realmente necesitan. 35 niñas (las más delicadas) fueron seleccionadas y serán tratadas en el Hospital Universitario del Caribe tras un convenio con la Universidad de Cartagena.
La Corte Constitucional le pidió al Ministerio de Salud que impulse campañas masivas de comunicación y educación pública sobre la vacuna del VPH.
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