Guillermo Pérez, considerado el 'cerebro' del cartel de la hemofilia en el departamento de Córdoba, aseguró que había entregado al entonces gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, la suma de 13 mil millones de pesos y no 4 mil como él ha señalado a las autoridades.
Esa declaración podría poner en vilo el principio de oportunidad suscrito por Lyons con la Fiscalía, en el marco del proceso de colaboración con la justicia, para delatar los actos de corrupción cometidos en esta sección del país.
Explicó que la entrega de ese dinero se habría dado entre los años 2014 y 2015, época para la cual ya las autoridades estaban tras la pista de un posible desfalco a los recursos de la salud, a través de falsos pacientes de hemofilia, cartel con el que se habrían apropiado de por lo menos 50 mil millones de pesos, de los cuales a su empresa le pagaron 36 mil millones por la atención de 85 pacientes, la mayoría de ellos con las historias clínicas y los exámenes de laboratorio falsificados.
Pérez, quien era el dueño de la IPS Unidos por su Bienestar, a la que le pagaron la mayor parte de los recursos timados, dijo que el acuerdo suscrito con el mandatario era del 30 por ciento de cada cuenta. También señala que pagaba un 3 por ciento al entonces secretario de Salud, Alfredo Aruachán, y el resto del dinero se lo repartían entre cuatro personas más a las que simplemente señaló como "Sami, Adalberto, Cristóbal y yo".
Se refería a Sami Spath, amigo personal de Lyons, a quien la Fiscalía le imputará cargos el próximo 16 de febrero por peculado por favorecimiento de terceros en concurso homogéneo y sucesivo y concierto para delinquir en lo relacionado con el cartel de la hemofilia. La audiencia estaba prevista para el pasado jueves, pero Spath se presentó sin el abogado y por ello fue aplazada.
Carrascal sería Adalberto Carrascal Barón, exjefe de autorizaciones de la Secretaría de Salud de Córdoba, quien se entregó a la Fiscalía el 7 de mayo de 2017 y fue cobijado con la medida de prisión domiciliaria, pues era el encargado de firmar las autorizaciones para los tratamientos y medicamentos que no estuvieran incluidos en el Plan Obligatorio de Salud y también fue considerado otro de los cerebros del cartel.
El otro implicado es el relacionista público Cristóbal Cabrales, hermano del senador del Centro Democrático Daniel Cabrales, a quien Pérez señala de ser la persona que habría servido de enlace para contratar los tratamientos de hemofilia con la Gobernación de Córdoba y a quien luego le daban una porción del dinero robado.
Su nombre también fue mencionado por el abogado monteriano Leonardo Pinilla, quien está a punto de ser extraditado a Estados Unidos y ofreció colaboración con la justicia. Antes esas afirmaciones Cabrales ha guardado silencio por recomendación de sus abogados.
Se conoció que Cabrales demandó a Pérez Ardila por extorsión, al igual que lo hizo el exgobernador Lyons y su amigo Sami Spath. Sin embargo, Pérez dice que efectivamente le pidió dinero a Lyons para pagar el abogado porque sabía que el lío en el que estaba era de grandes proporciones.
Finalmente, dijo que con el último pago que recibió en 2016 entregaron un dinero para frenar las investigaciones e hicieron contacto con el Mane Otero para que les ayudara con un amigo que tenía en Cartagena y de esa manera frenar el proceso en la Contraloría.
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