Los carteles de la salud se impusieron en Córdoba. La Caja de Compensación Familiar de Córdoba, Comfacor, denunció que algunas entidades de la red de prestadores de la salud les estaban cobrando el manejo de patologías de alto costo, sida y cáncer, por pacientes inexistentes.
Esa afirmación la hicieron luego de una investigación detallada en la que pudieron comprobar que algunos prestadores tenían desactualizados los datos de las historias clínicas y al momento de realizar la auditoría, no correspondían a esos pacientes o simplemente no existían. "No había un cumplimiento total y no seguían lineamientos de las guías de manejo del Ministerio de Salud, lo cual concurría en un manejo ineficiente y en políticas de operación de poco control, así mismo, se daban una serie de irregularidades en la atención a los usuarios que Comfacor no puede seguir permitiendo", indicaron los directivos de la intervenida entidad.
Señalaron que por esas irregularidades, que fueron puestas en conocimiento de la autoridad competente, se vieron en la obligación de evaluar otras propuestas que mejoraran la oferta y garantizaran la adherencia a las guías de manejo, establecidas ampliamente por el Ministerio de Salud y el seguimiento de los usuarios beneficiarios de los servicios ofertados por los prestadores.
El cambio de prestadores del servicio generó inconformidad entre los usuarios. Sin embargo, Comfacor ha venido insistiendo en que estos se dieron con toda la rigurosidad técnica necesaria para garantizar al máximo, no recaer en deficiencias en la atención como las que se venían presentando, entre ellas el incumplimiento en las actividades pactadas e inconsistencias entre los datos de pacientes atendidos, historia clínicas diligenciadas a mano y posibles facturaciones de pacientes inexistentes.
Ante esa situación, advirtieron que objetaron el 100% de las actividades facturadas por dichos prestadores, durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, evidenciando la crítica situación y la necesidad urgente que había de emprender actividades de control y seguimiento que garantizaran la adecuada prestación del servicio, evitando el detrimento patrimonial de los recursos de salud.
Con relación a las tarifas, indicaron que no es cierto el rumor en el sentido que la tarifa por usuario de la población de alto costo haya tenido variación alguna y que simplemente buscaron una solución a los hallazgos encontrados por la auditoría forense contratada en el marco de las medidas de control y política anticorrupción.
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