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Convocatoria del movimiento de víctimas de crímenes de Estado en Barranquilla

Este martes se realizó en Barranquilla una convocatoria del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, cuya finalidad era dar a conocer su preocupación por la manera como poco a poco les han sido quitados los esquemas de protección de por los menos unas 260 víctimas amenazadas a nivel nacional.

“La jornada se viene realizando este 6 de marzo hace más de ocho años, que dio origen con la primera movilización de víctimas en el país, para poder contrarrestar los crímenes de Estado que desde esa época y mucho antes se vienen dando. Es una forma de decir no más crímenes de Estado en el país”, manifestó Rosario Montoya Hoyos, del movimiento de víctimas de Crímenes de Estado.

Agregó que “hemos logrado con nuestras jornadas nacionales que las víctimas en todo el país, se movilicen, se pronuncien y puedan combatir de esta manera, daríamos, nunca más crímenes de Estado. Haciendo las denuncias, pronunciándose, documentando casos y y presentándolos en los respectivos centros judiciales para lograr así que disminuya la impunidad en el esta país”.

Argumentó que el movimiento Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, “recoge a su interior víctimas que de una u otra manera por acción u omisión han sido víctimas del Estado colombiano a través de la Fuerza Pública, o algunas instituciones del Estado que se han visto directamente implicadas”.

La jornada de este 6 de marzo “coincidió con la audiencia pública de nuestro compañeros Leonardo Cuero, quien fue asesinado hace un año en Malambo. Esperemos que haya una audiencia real, que no aplace nuevamente, por que estaríamos llegando también al tema de impunidad. Si la audiencia de hoy es aplazada, se van a vencer los términos  y así se va dando la impunidad en nuestro país”.

Reveló que desde el 2016, 2017 y lo que va de 2018 han asesinado 2.800 líderes sociales y defensores de derechos humanos. “Y de esas unos 60 victimas son de la región Caribe. En el Atlántico es donde menos hemos sido tocados por la criminalidad, pero sí hay muchísimas amenazas. Desde el año pasado a la fecha, van más de 200 amenazas a líderes y defensores de derechos humanos en este departamento. Y como consecuencia de esas primeras amenazas fue asesinado Leonardo Cuero”.

Sostuvo que el “Estado no le dio la importancia que tenía el compañero aún cuando fueron e intentaron asesinarlo y tuvo que salir de la ciudad y cuando regresa es asesinado. Ahí podemos mirar que no hay garantías claras del Estado Colombiano  para la protección de sus asociados. No solamente líderes y defensores de derechos humanos sino de todo aquel que se atreve en este país a protestar por unas mejores condiciones de vida es acallado”.

Manifestó que actualmente hay 260 denuncias sustentadas en una análisis de riesgo que hiizo la Defensoría del Pueblo. “Eso lo sabe la Procuraduría y lo saben también las instituciones del Estado, que deben ser garantes de esto”.

“Aquí hay denuncias en la Fiscalía que han sido cerradas en este momento, porque supuestamente no hay indicios de nada. Y muchas de ellas, lo que dicen las autoridades, es que son autoamenazas de los defensores de los derechos humanos. Hay una política de desmonte de la seguridad de los líderes y defensores de  los derechos humanos. Yo trabajo en san Onofre, Sucre, en restitución de tierras y hace un mes nos quitaron los esquemas de seguridad y me toca viajar en bus con un escolta armado a Montes de María donde sabemos y todo el mundo sabe está el ‘Clan del Golfo’. Entonces, no hay quien le de respuestas a uno de la seguridad nuestra, personal, de los derechos humanos”, apuntó.

Terminó diciendo que de las 260 denuncias que han hecho no ha prosperado ninguna. “Y son pocos los que tienen un esquema de seguridad. Es que son pocos los defensores y defensoras de las derechos humanos quienes tienen los esquenas de seguridad. En su mayoría los han bajado y siguen siendo protegidos con un hombre con un arma, con chaleco en Barranquilla y con este sol… Esa es la seguridad que el Estado está dando, están desmontando los esquemas de seguridad. No hay unas condiciones reales con unos riesgos extraordinarios y le están quitando la protección a la gente”.

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