1.500 trabajadores de EPS Indígena Manexka serán despedidos

30 de marzo de 2017 03:00 PM

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Cerca de 1.500 trabajadores de la EPS Indígena Manexka tendrán que ser despedidos, luego de la decisión de la Superintendencia de Salud de liquidar esa entidad ante las múltiples irregularidades encontradas en un proceso de interventoría.

De acuerdo con lo señalado por el gerente de la EPS, Saúl Lucas, esa decisión de cierre tiene más tinte político que legal y responsabilizó en forma directa a los congresistas cordobeses del partido Liberal, Arlet Casado y Fabio Raúl Ampin.

Indicó que estaban adelantando, ante la Súper, una serie de gestiones tendientes a mejorar las falencias que se habían detectado, pero el Gobierno de forma unilateral decidió intervenirla y liquidarla.

También desmintió las afirmaciones hechas por la Supersalud, en el sentido de que los directivos y empleados se habían negado a entregar la base de datos y la información relacionada con los procesos, y sostuvo que los discos duros están bajo custodia del organismo nacional.

Por su parte, el gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, dijo que el anuncio del cierre es el resultado de varias irregularidades detectadas en la EPS y pidió que se diseñe un plan de contingencia efectivo para no perjudicar a los más de 200 mil usuarios que pertenecen a la entidad prestadora de los servicios de salud.

La Superintendencia respondió de inmediato las críticas hechas por el directivo de Manexca y señaló que este proceso nada tenía que ver con la política, sino con las múltiples irregularidades que se venían cometiendo al interior de la misma.

Recordó que el porcentaje de contratación con la IPS indígena Manexka, que presta servicios de primer nivel, no es equivalente con el porcentaje de contratación que se realiza con otras instituciones que prestan servicios de mayor nivel de complejidad.

Señaló que no han entregado una justificación del valor de la compra de la sede que tuvo un costo cercano a los 2.900 millones de pesos, además contabilizaban ingresos ficticios y pagaban viáticos por más de 300 millones a los miembros de la junta directiva, sin justificación alguna.

También se rastrearon cuentas bancarias activas e inactivas que nunca fueron reportadas en los estados financieros, hubo celebración indebida de contratos, se cobraron cirugías que nunca se practicaron y las facturas presentadas por esta IPS nunca fueron auditadas, es decir, se pagaba sin verificar si efectivamente se había prestado el servicio o no. 

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