Abogado implicado en cartel de la educación en Córdoba aceptó cargos

21 de marzo de 2017 12:57 PM

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El abogado cordobés Guillermo Rhenals Nova, quien es investigado por participar en el denominado cartel de la educación que desfalcó al Fondo de Pensiones del Magisterio por una cuantía cercana a los 32 mil millones de pesos, aceptó ser el responsable de los delitos de falsedad en documento privado y documento públic, mediante el cobro de pensiones irregulares.
 
La Fiscalía lo investiga como determinador de prevaricato por acción y coautor de peculado por apropiación, toda vez que como apoderado del Ministerio de Educación Nacional y de la Fiduprevisora, entidad administradora de estos recursos estatales, participó presuntamente en la falsificación de cerca de 1.619 documentos privados y 5.828 documentos públicos para hacer las reclamaciones.

Guillermo Rhenals Nova figura como apoderado de cientos de maestros que reclaman millonarios reajustes pensionales en el Juzgado Civil de Lorica, Córdoba, pretensiones calculadas en más de 220 mil millones de pesos.  

“Mediante procesos ejecutivos laborales, autenticaciones, resoluciones y falsos poderes se reconocían los ajustes pensionales que conllevaron al embargo de cuentas del Fondo y de la Fiduprevisora”, sostuvo el fiscal del caso.

Dentro de las mismas investigaciones, en febrero de 2013, su hermano Gustavo Rhenals Nova, Robert de Jesús Montes López y Daniel Eduardo López Palencia aceptaron su responsabilidad en los delitos de falsedad en documento privado y documento público.

Guillermo Rhenals Nova permanece recluido en la cárcel La Picota en Bogotá y forma parte de una larga lista de abogados y jueces que se onfabularpn para cobrar más de 300 mil millones de pesos por pensiones para los maestros que habían cumplido 50 años de edad y 20 años de servicio.

Luego del trámite hecho por Rhenals el Juzgado Civil de Lorica Civil ordenó el pago de casi 88 mil millones de pesos, pero se indicó que las pretensiones totales estarían alrededor de 220 mil millones de pesos, suma que además no llegaba a los bolsillos de los supuestos reclamantes, pues les falsificaban las firmas y los poderes.

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