Aplazada audiencia en caso de desaparición y muerte de Jairo Zapa

02 de octubre de 2014 12:02 AM

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La juez Carmen Cecilia Arrieta Burgos decidió aplazar la audiencia por la desaparición y muerte del director de regalías de Córdoba, Jairo Zapa Pérez, tras la solicitud del fiscal 48 de derechos humanos, Carlos Pión Mayorga,  para cambiar la radicación del proceso y realizarla en Bogotá.

La misma estaba prevista para adelantarse en la tarde de ayer en la sala sexta del Palacio de Justicia de Montería y se inició sin contratiempo, con la presencia de los abogados de los implicados en el hecho ocurrido el pasado 27 de marzo cuando el ingeniero de 37 años desapareció de una casa del norte de Montería. Sin embargo, tres horas después fue suspendida.

La solicitud de la Fiscalía deberá ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia. Si es favorable, la audiencia se realizará en la capital de la República, sitio al cual fue trasladada la investigación, aduciendo mayores garantías para la transparencia del mismo.

NO LLEGARON IMPLICADOS
Ninguno de los seis detenidos por los delitos de desaparición forzada y por asesinato asistieron a la audiencia. Jesús Henao, sindicado de ser el autor intelectual del hecho, adujo razones de salud y el resto de los vinculados  Maximiliano García Bazanta, subdirector de la Oficina de Regalías; Carlos Pérez, primo de Jairo Zapa; Jesús Albeiro Torres, amigo de Henao, y los esposos Joycer Hernández, confeso asesino, y su compañera Zuath Naidú López, renunciaron al derecho de renunciar a la audiencia señalando que hay presiones mediáticas y declaraciones de terceras personas que podrían poner en peligro su integridad.

Tampoco estuvieron presentes los familiares del asesinado funcionario de la Gobernación de Córdoba.  Se indicó que María Isabel Valencia, esposa de Jairo Zapa, y sus padres, Fausto Zapa y Miriam Pérez, habían tenido que salir de la ciudad ante las amenazas recibidas.

El proceso judicial se inició con la presencia de los abogados Lesmer Quintero, quien representa a las víctimas, en este caso a la esposa de Zapa y a sus hijos; María Teresa Humanez Petro, abogada de Jesús Albeiro Torres; Juan José Landinez, abogado de Joycer Hernández y Zuath Naidú López, quien vino de Bucaramanga; José Barboza, abogado de Jesús Henao; Guillermo Álvarez Machacón, quien representa al subdirector de la Oficina de Regalías Maximiliano García, y José Luis Gaviria Tapia, abogado de Carlos Pérez.

En el recinto del Palacio de Justicia estuvieron algunos de los familiares de los detenidos quienes tenían la intención de enterarse de la suerte de los implicados. Sin embargo, no se alcanzó a leer el escrito de acusación, pese a que el fiscal 48 de Bogotá cuestionó el hecho de que ese documento estuviera en la calle y fuera de conocimiento público. “Le están sacando fotocopias en las calles de Montería”, precisó.

FISCAL PIDIÓ CAMBIO
Apenas habían transcurrido pocos minutos de iniciada la audiencia, hecho judicial que ha colmado las expectativas de los cordobeses, cuando el fiscal 48, encargado de investigar el caso, pidió a la juez Arrieta Burgos la posibilidad de radicar el proceso en Bogotá.

Lo anterior implica adelantar todo lo pertinente con el proceso en la capital de la República. Pión adujo dos razones fundamentales: la primera de ellas las constantes amenazas que han recibido las víctimas y la segunda el manejo mediático que se le ha dado al hecho.

Los abogados defensores se opusieron en forma categórica a la solicitud hecha por la Fiscalía y la calificaron como un ardid para dilatar el proceso y ganar tiempo para allegar las pruebas a proceso.

La primera en pronunciarse fue la abogada María Teresa Humanez, representante de Jesús Albeiro, quien calificó la solicitud de caprichosa. Reiteró que en Montería, en Bogotá y en cualquier lugar del país hay medios de comunicación interesados en el cubrimiento del proceso que ha logrado una connotación importante.

Planteó además que si las víctimas ya salieron del Departamento de Córdoba, no habría ninguna razón para aducir que están en peligro si la audiencia se realiza en Montería.

En igual sentido se pronunció el abogado Guillermo Álvarez Machacón, representante de Maximiliano García, quien dijo que el cambio de radicación dificulta el proceso de defensa de los implicados y que ello encarecería los costos de traslado. “Olfateo que la Fiscalía quiere escoger el juez para el proceso”, reiteró el jurista.

De igual forma los abogados del confeso asesino de Zapa y de su compañera sentimental, así como el de Jesús Henao Sarmiento se opusieron a la decisión del fiscal.

CUESTIONAN FILTRACIÓ
Uno de los lugares comunes en la audiencia fue el custionamiento hecho por la Fiscalía y por los mismos abogados en el sentido que varias piezas procesales se han filtrado a los medios de comunicación.

El fiscal se refirió a las fotos publicadas luego del hallazgo del cadáver de Jairo Zapa en la hacienda Villa Mary, ubicada a pocos metros de los predios del padre del gobernador, indicando que no se había terminado el proceso cuando ya los medios confirmaron que se trataba del cadáver de Zapa.

Ante esa inquietud los mismos abogados señalaron que si bien es cierto que se han filtrado informaciones, también lo es que estas han salido de los mismos investigadores que han participado en las distintas fases del proceso.

En el caso de la publicación de las fotos del cadáver de Zapa en Villa Mary es necesario indicar que fue la misma Fiscalía de Córdoba la que suministró fotos e imágenes, luego de una rueda de prensa realizada en la sede del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, en la que se confirmó el hallazgo del cadáver.

El fiscal 48, quien investiga el hecho en Bogotá luego del traslado de esa fase del proceso, cuestionó el hecho que en Montería varios particulares hayan tenido acceso al escrito de acusación antes que se hiciera la audiencia pública y cuestionó la filtración de los mismos por parte de los funcionarios del sector judicial.

OTRA INSTANCIA
Ante la solicitud de la Fiscalía y ante el desacuerdo manifestado por los abogados, la juez pidió que el caso fuera resuelto por una instancia superior y en este caso por la Corte Suprema de Justicia.

Así las cosas determinó suspender la audiencia y por ello no se pudieron conocer los argumentos de la Fiscalía con relación a las investigaciones que ha venido adelantando con relación a la desaparición y muerte de Zapa.

Como se recordará en este caso hay seis personas detenidas luego de la desaparición de Zapa de una reunión a la que asistieron contratistas de la Gobernación y compañeros de trabajo en una casa del norte de Montería.

Inicialmente se pretendió hacer parecer el hecho como un paseo millonario hasta que una testigo de oídas, Georgina Valdez, le dijo a la Fiscalía que Zapa había sido estrangulado por Joycer Hernández.

La testigo, supuestamente conoció a Zapa en un paseo a Cartagena, donde ya se fraguaba un primer plan para asesinarlo. Ella vive en el mismo sector de Santa Marta donde residen Joyce Rafael Hernández Muñoz, Jesús Albeiro Torres Redondo y Zuán Naudith López Acevedo, quienes presuntamente fueron contactados por el contratista Jesús Albeiro Henao para que asesinaran a Zapa, según lo señalado en la primera audiencia por el fiscal Víctor Esquivia.

Esa declaración motivó las órdenes de captura de las seis personas que permanecen en la cárcel nacional Las Mercedes de Montería y en la cárcel de Corozal. Sin embargo, la enfermera samaria luego de retractó, aduciendo que había recibido amenazas.

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