La audiencia de acusación por la desaparición y el crimen del entonces director de regalías de Córdoba, Jairo Zapa Pérez, podría darse en tres o cuatro meses, luego que la Corte Suprema de Justicia resuelva la solicitud hecha por el fiscal 48 de derechos humanos, Carlos Pión Mayorga, en el sentido de cambiar la radicación del proceso.
La juez en Córdoba Carmen Arrieta Burgos insistió en que la solicitud debe ser resuelta por su superior jerárquico y que hasta entonces no se podrá adelantar la audiencia que estaba programada el pasado miércoles en Montería, pero que fue suspendida hasta tanto se indique si el proceso seguirá radicado en Montería o en Bogotá.
Los abogados defensores de los seis detenidos por el crimen de Zapa insistieron en que eso fue un ardid de la Fiscalía para ganar tiempo y poder allegar pruebas al proceso. Sin embargo, el fiscal 48 argumenta que en Córdoba no están dadas las garantías por las frecuentes amenazas que han recibido las víctimas y por el manejo mediático que ha tenido el caso.
De igual forma criticó el hecho que el escrito de acusación se hubiera filtrado y que se estuviera fotocopiando en cualquier esquina de Montería.
En el escrito, que no ha sido leído aún en audiencia, se revelan algunos detalles nuevos del día en que fue asesinado Zapa y se hacen señalamientos específicos en contra de los implicados.
También narra una fiesta que se hizo tres días después del crimen del ingeniero en la misma casa de propiedad de la bióloga Zayma Barrera, la cual fue prestada en segunda ocasión por el contratista de la Gobernación Jesús Henao para hacer una celebración con los funcionarios de la empresa que maneja en esta sección del país.
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