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Contraloría advierte sobre posible corrupción en el sistema de salud de Córdoba

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La Contraloría General de la República dio a conocer este domingo que en el departamento de Córdoba se habrían presentado tres hechos relacionados con falsos recobros de salud, situaciones que habrían causado un posible detrimento al patrimonio público por 44 mil 812 millones de pesos.

De acuerdo a la entidad de control fiscal, las irregularidades de recobros se habrían planeado con la presentación de pacientes hemofílicos inexistentes, exámenes de laboratorio alterados y medicamentos que nunca se suministraron.
La Contraloría detectó que los pagos irregulares se habrían realizado entre 2013 y 2015,  directamente a dos IPS, de las cuales la entidad investiga su procedencia, dado que las empresas habrían cambiado de nombre, de representante legal y se desconoce la dirección donde funciona su sede o lugar de trabajo.

Según la investigación, la Secretaria de Salud Departamental de Córdoba autorizó los pagos directamente a las IPS Unidos por su Bienestar S.A.S. por $39.062 millones y San José de la Sabana S.A.S. por $5.750 millones.
Para la Contraloría en estos pagos no hubo mediación por parte de una EPS, y no se verificó la efectiva prestación del servicio, además, se incumplió la normatividad vigente al no existir una autorización del Comité Técnico Científico de la EPS, ni un fallo de tutela que obligará al desembolso.

ASÍ SE HABRÍA REALIZADO EL DESFALCO
La Contraloría General estableció que los pagos se realizaron de la siguiente forma: en 2013 se pagaron $18.892 millones, en 2014 una suma de $17.012 millones, y para 2015 hubo un desembolso de $3.156 millones.

Las IPS mencionadas, que funcionaron hasta 2015, recibieron estos dineros por el suministro del medicamento Inmunate Factor VIII Von Willebrand 500 UI, medicina que no está en el POS, y que iba a ser supuestamente  suministrada a 47 personas en 2013 y a 81 en 2014, presuntamente diagnosticadas con hemofilia o la enfermedad de Von Willebrand.

“Según los conocedores de esta enfermedad, que es hereditaria, demográficamente es imposible que de pronto se presenten simultáneamente todos estos casos en un solo departamento, cuando por ejemplo, en el Cesar, que tiene un tamaño similar, apenas se reportaron dos casos en 2015 y el registro de pacientes hemofílicos que lleva el Ministerio de Salud señala 13 casos en 2013 en Córdoba. Además, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 5 mil nacimientos, solo se presenta un caso de hemofilia”, afirma la entidad.

Como parte de esta investigación fiscal, la Contraloría también pudo establecer que se habrían presentado recobros en una serie de terapias basadas en neurodesarrollo, en las cuales la entidad determinó un hallazgo fiscal por $5.264 millones.

LA FISCALÍA INICIÓ UNA INVESTIGACIÓN
Una de las hipótesis de la Contraloría radica en que presuntamente la Secretaría de Salud Departamental de Córdoba no aplicó los procedimientos establecidos en la normatividad vigente, para el reconocimiento de medicamentos de los afiliados al Régimen Subsidiado de este departamento, y además tampoco habría implementado los controles necesarios para detectar deficiencias y cobros inconsistentes.

El contralor General de la República, Edgardo Maya, puso estos hechos en conocimiento del actual gobernador de Córdoba, Edwin Besaile Fayad, y dio traslados de losmismos a la Fiscalía, la Procuraduría, el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud y el Tribunal de Ética Médica.

Igualmente, el anterior gobernador, Alejandro Lyons Muskus, le notificó a la Contraloría que presentó una denuncia penal ante la Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía, contra los representantes de las IPS involucradas, así como contra los funcionarios que laboraban en la Secretaria de Salud departamental durante los años 2013, 2014 y 2015.

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