El gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, y el secretario de salud del Departamento, Edwin Preciado Lorduy, fueron denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, OEA, por la presunta violación de los derechos de mil niños discapacitados, quienes requieren terapias especializadas.
Así lo indicó Luis Eduardo de la Hoz, representante legal de la Veeduría del Caribe, quien indicó que han agotado todas las instancias locales con el fin de garantizar algunos tratamientos que venía sosteniendo la Gobernación, pero no están recibiendo las solicitudes de autorizaciones que no están incluidas en el Plan Obligatorio de Salud a las distintas EPS.
De la Hoz señaló que el Estado ha hecho caso omiso de su responsabilidad para brindar una atención integral a los niños en condición de discapacidad y que en el caso concreto de Córdoba ejaron de autorizar las neuroterapias necesarias para más de mil niños que las venían recibiendo con el fin de obtener resultados que les permitan tener mejores condiciones de vida.
Dijo que desde hace seis meses dejaron de autorizar los mencionados tratamientos aduciendo que son las empresas prestadoras de salud las que deben asumir dicha responsabilidad porque la Gobernación no tiene recursos para ordenar las terapias físicas, de fonoaudiología e integración motriz.
“Denunciamos al Estado Colombiano por la vulneración que se está cometiendo contra los derechos de los niños discapacitados en Córdoba y otras regiones del país, se estableció como culpables al gobernador y su grupo de funcionarios en la cartera de salud por las decisiones erradas que han tomado en esta instancia y el incumplimiento a los acuerdos pactados con las IPS en relación con la atención a los niños discapacitados”, indicó el veedor, señalando que se vendrán de Estados Unidos con una respuesta concreta ante el grave problema.
Por su parte, el secretario de salud de Córdoba, Edwin Preciado, indicó que las reclamaciones deben hacerse a las distintas Empresas prestadoras del servicio de salud porque esos tratamientos y procedimientos ya están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud. Sin embargo, los funcionarios de las Instituciones Prestadoras de Salud señalan que esas terapias específicas no están en el POS y por ello la Gobernación de Córdoba se encargaba de pagarlas como lo ordena la ley 715 de 2001.
Hasta el momento se han instaurado 243 acciones de tutelas en las cuales los jueces han obligado a la administración de Córdoba a autorizar las terapias, pero según el veedor los fallos no se han cumplido porque el Gobernador aduce que definitivamente no hay dinero para cancelarlas. Efectivamente a la IPS Funtierra le adeudan más de 1.500 millones de 2014 y 257 millones correspondiente al presente año.
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