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EPS adeudan más de 200 mil millones a clínicas en Montería

Las Empresas Promotoras de Salud tienen al borde de la crisis a 10 clínicas que prestan sus servicios en Montería con una deuda que asciende a 252 mil 701 millones de pesos.

Así lo indicaron los representantes legales en una carta enviada al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, en la que señalan que las EPS, especialmente las de carácter estatal, están empleando prácticas para disfrazar la realidad de las obligaciones a su cargo con más de 360 días en mora.

Explicaron que las excusas más frecuentes son que no se autorizan tratamientos prestados y requeridos por pacientes, se objetan para pago procedimientos y tratamientos de urgencia vital prestados a los usuarios, se devuelven por cualquier razón facturas, aún en contra de lo dispuesto en la ley,  y si se reciben y no se objetan, no se cargan en su totalidad en los sistemas de información de las entidades.

“La falta de pago y el despliegue de prácticas dilatorias para el mismo tienen a las IPS en un desequilibrio económico evidente que pone en riesgo la prestación efectiva del servicio de salud y conducen a que el funcionamiento del sistema sea imposible”, indicaron en la carta al Ministro, aduciendo además que el Gobierno no vigila, ni obliga a las empresas a pagar, pero exige a las instituciones prestadoras del servicio a que atiendan a los pacientes y que además paguen oportunamente a los profesionales de la salud, a los proveedores, empleados, créditos y costos financieros.

En el mismo documento resaltan que en Córdoba hay más de 300 mil usuarios del sistema de salud y que 4.500 familias dependen económicamente de los pagos que les hacen las clínicas y para ello necesitan que las empresas paguen por los servicios que han prestado a sus usuarios.

Reiteran que no se ve en el escenario nacional o no se materializa por lo menos una atención de ese fenómeno en sus verdaderas dimensiones por parte de los entes de control y por ello solicitaron al Ministerio, a la Procuraduría General de la Nación, a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Defensoría del Pueblo, a la Gobernación de Córdoba y a la Alcaldía de Montería, propiciar el escenario para la celebración de un comité interinstitucional que estudie a fondo el tema y que se busquen soluciones precisas, efectivas y definitivas que beneficien a la totalidad de los actores del sistema.

Finalmente indicaron que si no se toman medidas urgentes, las clínicas que funcionan en Montería terminarán colapsadas y se pondría en riesgo la salud y la vida de los usuarios. 

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