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Exsecretario responde ante nuevo escándalo de salud en Córdoba

El exsecretario de Salud de Córdoba Edwin Preciado negó que durante su gestión se hubieran pagado de forma irregular cerca de 10 mil millones de pesos por concepto de terapias para niños con autismo o con síndrome de Down como lo señaló la investigación de la Contraloría General de la Nación.

El organismo de control, luego de la investigación que permitió conocer los contratos con las IPS Girasoles, Unidad Integral de Terapias de la Costa, Crecer & Sonreír, Unidad Integral de Rehabilitación y Funtierra Rehabilitación, dijo que en la mitad de los casos no se hicieron los tratamientos de neurodesarrollo, servicios que no cubre el Plan Obligatorio de Salud.

Preciado dijo que todos los pagos se hicieron por órdenes judiciales, toda vez que los familiares de los niños instauraron acciones de tutela porque la Gobernación de Córdoba no estaba prestando el servicio. "Ante un juez no puedo dejar de cumplir porque iba a la cárcel", ratificó el médico, quien estuvo encargado de esa dependencia durante el 2015.

La Contraloría señaló que de los 10 mil millones 5.264 corresponden a servicios que debía cubrir el POS, pero que la Gobernación pagó directamente sin cobrárselos a las EPS que pese a que muchas de estas terapias no se realizaron, fueron pagadas dado que se facturaron por paquetes y no individualmente.

"No se hizo el recobró porque el juez no nos indicó que teníamos que hacerlo, simplemente nos condenaron a cumplir una orden de tutela y no encuentro la legislación que me diga que la Gobernación puede hacerlo", anotó el ex funcionario.

De igual forma explicó por qué se hicieron convenios por paquetes, señalando que se realizó un acuerdo de precios con los prestadores de estos servicios que estaban en la red y se llegó a un reconocimiento de 2 millones 250 mil pesos por la realización de 50 sesiones como mínimo y 100 como máximo. Además debían cumplir con transporte para los usuarios y su acompañante y con los refrigerios. "Los acuerdos de voluntades son válidos en nuestra legislación", puntualizó.

Dijo además que Funtierra es la IPS a la que mayor recurso se le pagó, siete mil millones, porque era la que atendía mayor número de niños. Sin embargo, la Contraloría señala que esa IPS no tenía ningún contrato formal con la Gobernación de Córdoba y que se obviaron los requisitos de ley, como son estudios previos, una propuesta formal de la IPS y el contrato.

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