Un fallo en el cual se concedió casa por cárcel a dos presuntos miembros de las bandas criminales que ofrecieron $50 millones al Ejército para que no destruyera un laboratorio de coca enfrentó a la juez penal municipal, Bleider Castillo, y al gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons.
Mientras el Gobernador calificó de lesiva la decisión, la juez de control de garantías anunció que lo demandará para que rectifique las declaraciones que la pusieron en la picota pública.
El mandatario seccional dijo que esta decisión desalienta a la Fuerza Pública, desmoraliza a la comunidad y genera una sensación de impunidad.
Los dos hombres a los que se refiere el Gobernador fueron capturados en un laboratorio de procesamiento de cocaína en zona rural de San José de Uré, al parecer de propiedad de ‘los Urabeños’, hasta donde llegó el Ejército en el marco de la “Operación Nazareno 29”.
Ambos llegaron dos horas después que el Gaula se tomó el lugar y le ofrecieron $50 millones a la autoridad para evitar que lo destruyeran. Justo en ese momento los aprehendieron.
Dice Lyons que aunque se trataba de individuos peligrosos, narcotraficantes y miembros de una banda criminal, la juez de control de garantías le otorgó la detención domiciliaria y, por ello, anunció que solicitará una investigación a fondo para determinar si la decisión de la juez estuvo ajustada a derecho o no.
“No es posible que en este país se le otorgue detención domiciliaria a este tipo de personas, que muy seguramente siguen delinquiendo desde sus domicilios”, dijo en tono enérgico.
“El tiempo nos dará la razón y en la medida que avance el juicio espero que estos señores comparezcan al juicio porque de lo contrario sería grave”, puntualizó el Gobernador, quien dijo que está claro que los detenidos estaban abogando, a través de un soborno, para que no incineraran un laboratorio del narcotráfico.
“La juez puede ponerme todas las denuncias que quiera, pero tenemos que bregar a que las estructuras mafiosas desaparezcan de nuestra tierra y no podemos mandarle mensajes equívocos a la fuerza pública y a la comunidad. Estas personas deberían estar en la cárcel y no en su casa”.
Demanda al Gobernador
Por su parte, la juez Bleider Castillo dijo que demandará al gobernador Lyons.
La funcionaria judicial indicó que en la audiencia jamás se habló de dos personas que pertenecieran a bandas criminales.
“La afirmación del Gobernador está desfasada de la verdad procesal. Ellos fueron acusados por la fiscalía por soborno. Mi decisión está ajustada a la norma porque la detención domiciliaria es una detención preventiva”.
Agregó que la Fiscalía no demostró que fueran miembros de bandas criminales y que tuvieran antecedentes. Mal haría en tomar una decisión sin que la Fiscalía hiciera las imputaciones.
“Con la declaración del Gobernador se pone en tela de juicio mi integridad personal y la de mi familia”, indicó la funcionaria anunciando las acciones judiciales necesarias.
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