El grupo guerrillero de las Farc y la banda criminal de las Águilas negras son las que tienen sumido en el caos a la parte alta del Sinú, especialmente la zona rural del municipio de Tierralta (Córdoba).
Así lo indicó el defensor nacional del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, quien en el día de ayer se reunió con varios líderes de la zona con el fin de escuchar la situación que se está viviendo en esa región cordobesa.
Tal y como lo advirtió el sistema de alertas tempranas dada a conocer por el Defensor la semana anterior, los crímenes de defensores de derechos humanos y los desplazamientos están a la orden del día en el alto Sinú debido al enfrentamiento permanente entre dos organizaciones al margen de la ley que se disputan los territorios para el cultivo y procesamiento de coca.
El funcionario insistió en que el Estado, a través de las fuerzas militares, debe garantizar la vida de los pobladores del alto Sinú quienes han sido sitiados por los grupos al margen de la ley hasta el punto que les prohiben movilizarse de un punto a otro con el fin de “garantizar” que no sean denunciados ante las autoridades competentes.
“Los campesinos tenemos que pedir permiso hasta para salir a mercar y no podemos hablar por celular porque a ellos les da miedo que nosotros hagamos una llamada para decir dónde están ellos”, dijo uno de los voceros de derechos humanos en la zona, reiterando que esa es una situación que conocen ampliamente las autoridades de Córdoba.
Indicaron que el Ejército patrulla la zona, pero no hacen presencia permanente por lo cual la comunidad teme entregarles información relacionada con la presencia de Farc y Águilas negras.
Una vez más se refirió a los crímenes de Elmer Antonio Serna y Emer Varela Tuberquia, defensores de los derechos humanos en la zona y calificó como grave el hecho toda vez que ellos se han convertido en la voz de la comunidad.
Situación delicada
El Defensor del Pueblo y los miembros de la Comunidad internacional calificaron la situación de Córdoba como crítica.
Señalaron que es grave lo que se está registrando en algunas zonas de Córdoba donde las bandas criminales están poniendo horarios a los dueños de establecimientos comerciales para que abran o cierren sus negocios.
Pese a que esa situación se está registrando básicamente en los municipios del San Jorge, en la zona rural de Tierralta las órdenes son aún más precisas, pues les advierten hasta por dónde pueden circular, pues de lo contrario serían obligados a abandonar sus parcelas.
Los sitios donde hay mayor presencia de grupos al margen de la ley son San Felipe de Cadillo, Caramelo, Crucito, Frasquillo, Palmira, el Águila Batatas, Santa Marta, Santa Fe Ralito, Bonito Viento, Mantagordal, Severinera y Saiza, confirmó el Defensor.
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