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Hospital San Jerónimo es víctima de pelea de políticos

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Así lo revela un informe hecho por la Contraloría Departamental, a cargo de Javier Cogollo Padilla, cuyos resultados son parecidos a los entregados en  junio pasado cuando se evidenció un detrimento patrimonial de $5 mil 902 millones, luego de una interventoría hecha a las cuentas del año inmediatamente anterior.

La crisis en el hospital San Jerónimo de Montería no es nueva y los malos manejos tampoco. Como prueba de ello, la Contraloría cita el hecho que en abril del año anterior se contrató un estudio de conveniencia por  $1.030 millones, en medio de una crisis evidente.

La situación del San Jerónimo fue el tema que se tocó en la última reunión de la junta directiva en la que el gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, pidió a los directivos hacer un ajuste en el presupuesto ante su preocupante situación financiera y reducir los costos de funcionamiento. Más allá de la disputa política, luego que el  director Nelson Morales, quien inicialmente fue designado como cuota política del Partido de la U y terminó en las huestes de mayorías liberales para evitar líos judiciales, los pacientes que llegan, especialmente a la sala de urgencias son los que sufren las consecuencias.

El gobernador Lyons se ha convertido en el mayor crítico del manejo financiero, pese a que hace pocos meses desconoció la gravedad del informe de la Contraloría.

Advierte que los directivos del hospital se basaron en un presupuesto que no se ha logrado y que la solicitud presentada por él en marzo pasado no fue atendida, lo que ha profundizado la problemática del ente asistencial. Sin embargo, los directivos advierten que el problema radica en que no les pagan las cuentas que facturan y entre sus deudores está el mismo departamento.

Posible intervención
Ante la delicada situación financiera del hospital,  el gobernador Alejandro Lyons no descartó la posibilidad de una intervención por parte de la Superintendencia de Salud. “Si la situación continúa como está, en que los gastos son superiores a los recaudos, y si no se efectúan las correcciones y ajustes necesarios, es más, y si haciéndolos no se superan los problemas, es posible que se solicite la intervención”, dijo el Gobernador.

“No se trata de facturar $5 o 6 mil millones mensuales cuando te glosan la mitad y luego te pagan solo un porcentaje de lo que queda, eso está generando un déficit presupuestal porque no coincide lo facturado con lo que se reconoce”, subrayó Lyons al reconocer los serios problemas que existen en el área de facturación.

“Vamos a esperar el plan que nos presente la directiva del hospital la próxima semana y no nos adelantaremos a prender las alarmas y a lanzar juicios como lo hacen algunos actores políticos sin argumentos y sin fundamento, sino con intereses politiqueros”, agregó el Gobernador.

Hallazgos de Contraloría
En junio, la Contraloría Departamental denunció que en el hospital había $1.700 millones que no podían ser cobrados por nadie debido a irregularidades en la facturación, en la prestación de los servicios a las empresas prestadoras de servicios echaban gasolina a cualquier carro que fuera autorizado por el director, sin tener en cuenta si pertenecía o no a la institución; faltantes de dinero, irregularidades en el proceso de contratación, contratos sin actas de inicio, sin disponibilidad presupuestal y sin constituir pólizas.

También se dijo que las cuentas no cuadraban pese a que se contrató con una empresa para que se encargara de la facturación y de la cartera por valor de $1.245 millones.

En su momento fueron  48 los hallazgos administrativos en el hospital San Jerónimo de Montería, de los cuales 45 tienen carácter disciplinario, 23 se tipifican en lo penal  y 22 son fiscales, los cuales suman $5.902 millones, según confirmó el contralor departamental, Javier Cogollo Padilla.

Otras perlas citadas por la Contraloría eran los contratos con empresas fantasmas, especialmente, para la compra de medicamentos, como el realizado con Distribuidora Médica Hospitalaria por valor de $100 millones. Sin embargo, la dirección que registra el contratista pertenece a una casa de familia y no a la distribuidora, los teléfonos que aparecen en la factura no son de dicha distribuidora, los costos de los medicamentos solicitados están por encima del valor real  y no entregaron las cantidade los medicamentos solicitadas.

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