El juez primero penal de Montería con funciones de garantía ambulante dictó medida de aseguramiento contra el coronel retirado Róbinson González del Río y diez personas más por su presunta participación en una red ilegal que robaba armas del Ejército para venderlas a las bandas criminales. Los implicados serán trasladados a cárceles de Bogotá.
La audiencia se prolongó tras el alegato del abogado del coronel González, Ismael Valverde, y de los demás detenidos quienes insistían en que la Fiscalía no había presentado elementos probatorios.
“No podemos pretender una medida de aseguramiento cuando no aparecen las armas. Hay un vacío de tipo probatorio para tipificar el delito de tráfico de armas y en este caso no hubo decomiso de ninguna de ellas”, sostuvo el abogado Valverde. Sin embargo, la decisión del juez fue contraria.
El grupo de juristas señaló que la única prueba en este proceso no puede ser el testimonio de una persona y las conversaciones de los presuntos implicados, producto de interceptaciones.
El martes anterior se hizo la primera audiencia que se prolongó hasta las nueve de la noche en la que se imputaron los cargos y se hizo la solicitud de medida de aseguramiento. Ayer el juez decretó la medida.
Se dictó medida de aseguramiento contra los militares retirados coronel Róbinson González del Río, contra quien cursa además un proceso por denominados falsos positivos; los sargentos Junior Julián García Ríos y Víctor Hugo Vélez Granada y el soldado José Silva Rincón.
La medida también cobija a los militares activos sargentos Gerardo Márquez Guerrero, Alexander Sánchez Puerta, Carlos Fernando Borda Garzón y Juan Pablo Laguna Medina y a los civiles Óscar Iván Lugo Capera, Rodolfo Rodríguez Méndez, Henry Trujillo Ramírez y William Gil Monsalve, así como al policía Néstor Wilson Pinto.
Posición de la Fiscalía
La Fiscalía señaló que en tres de las grabaciones se puede establecer que el coronel en retiro era identificado con el alias de don Mario. Explicó que las transacciones que se hacían por la venta de armas eran millonarias y que lo hacían mediante una red en la que participaban militares activos, retirados y civiles.
La investigación del proceso se inició en octubre de 2012, cuando la Fiscalía interceptó a varios de los implicados que habrían vendido armas de largo alcance, repuestos, uniformes, armas cortas y hasta lanzagranadas a los urabeños en la zona del bajo Cauca, especialmente en Tarazá y Caucasia, y el Urabá.
Los presuntos responsables no aceptaron los cargos.
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