El tema de las amenazas fue ventilado por las autoridades de Córdoba en la reciente visita que hizo el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, al municipio de Montelíbano, para anunciar medidas de choque que permitan frenar el avance de las bandas criminales y de la guerrilla.
“Le pedimos al ministro que haga en poco tiempo otra reunión similar a la que se hizo en el sur de Córdoba para analizar los avances de las medidas que se están adoptando con relación al tema de los panfletos”, sostuvo el gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, quien pidió a las autoridades competentes brindar todas las garantías de seguridad a las personas que figuran en la lista.
Aunque algunos de ellos han reforzado su esquema de seguridad, otros siguen en sus actividades normales, sin servicio de escolta, lo que los hace vivir en medio del riesgo. Sin embargo, la misma Policía ha señalado que en el departamento de Córdoba no existe la denominada banda Los Rastrojos, supuestos firmantes del panfleto, y por ello dudan de la veracidad del documento.
El presidente de la Asociación de Maestros de Córdoba, Domingo Ayala, calificó de apresurada la declaración de la Policía y pidió a la institución una investigación rigurosa, con el fin de establecer la procedencia del papel, antes de desestimarla señalando que esa banda criminal no existe en esta sección del país.
En ese mismo sentido se pronunció el presidente del sindicato de profesores de la Universidad de Córdoba, Gabriel Flórez, quien también figura en la lista de amenazados, indicando que la inteligencia del Estado debe primero establecer quién es el autor de los panfletos. “Si aquí no hay Rastrojos, entonces la inteligencia debe decirnos quién nos está amenazando”, dijo.
Entretanto, el defensor nacional del pueblo, Jorge Armando Otálora, dijo que el Gobierno nacional debe prestar toda la atención a este tipo de hechos, pues primero amenazaron a los periodistas Edgar Astudillo y Leiderman Ortiz Berrío y luego se conoce un nuevo comunicado en el que la banda criminal los urabeños amenaza de muerte a ocho periodistas del Valle del Cauca.
Dijo que entre enero y agosto de este año la Defensoría del Pueblo conoció 93 casos de periodistas amenazados, 51 más que en el 2013, y que de ese total 56 fueron clasificados con un nivel de riesgo extraordinario, por parte de la Unidad Nacional de Protección.
“El accionar de los grupos armados ilegales conformados con posterioridad a la desmovilización de las autodefensas es uno de los factores que ha generado el aumento de este tipo de situaciones repudiables en contra de los periodistas”, indicó.
Con relación a ese tema el periodista Edgar Astudillo, quien tiene un programa en Radio Panzenú de Montería, dijo que es una situación preocupante y atribuyó el hecho a la decisión de la extrema derecha de torpedear todo lo que implique un apoyo tácito al proceso de paz. Pidió garantías para el ejercicio de sus funciones.
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