Los jueces especializados en restitución de tierras en el departamento de Córdoba profirieron tres nuevos fallos con los que beneficiaron a siete familias, víctimas del despojo por parte de las autodefensas.
Con esta cifra asciende a 270 el número de familias a las que se les ha reparado el derecho fundamental a la restitución de tierras en Córdoba.
La restitución se hará en la hacienda Las Tangas, antigua propiedad de los hermanos Castaño Gil.
De acuerdo con lo señalado por el director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, Rodrigo Torres Velásquez, están esperando 320 fallos más, con los que se aspira a devolver los predios de cerca del 50% de las familias que han presentado solicitud de ingreso al Registro de Tierras en el departamento de Córdoba.
Explicó que en las sentencias, los jueces no solo ordenan la restitución jurídica y material de los predios, sino que instan a la Alcaldía de Valencia, a la Unidad para la Atención a Víctimas, la Fuerza Pública, El Banco Agrario, el Sena, entre otras entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, a proporcionar las medidas necesarias que garanticen la reparación integral de los derechos vulnerados a estas familias beneficiadas.
El despojo
Las familias restituidas fueron despojadas en la emblemática hacienda Las Tangas, la cual fue cuna de las Auc, ubicada en el municipio de Valencia.
Las tierras habían sido donadas por este grupo al margen de la ley a través de una ONG creada para hacer una especie de reparación a la población cordobesa por el daño causado. Se trataba de la Fundación para la Paz de Córdoba, Funpazcor.
Las familias a las que fueron donados los predios eran campesinos de la zona, quienes tras una convocatoria hecha por Funpazcor, salieron beneficiados con la supuesta reforma agraria que el grupo en cabeza de Fidel Castaño estaba realizando.
Pese a que los predios donados fueron escriturados a nombre de los campesinos, los derechos de dominio los ejercieron bajo el control de las Auc.
Años más tarde, tras modificaciones internas del grupo, decidieron recuperar los predios. A través de intimidaciones a los parceleros, los obligaron a vender, por un precio irrisorio, usando todo tipo de artimañas jurídicas para legalizar los despojos.
Uno de los predios restituidos con los últimos pronunciamientos, estaba bajo el poder de la empresa Seguridad al Día, reconocida por Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, como una fachada, creada para darle un manto de legalidad a los negocios de compra y venta que realizaron.
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