Córdoba


Por escándalo de corrupción Gobernador ordenó auditar cuentas de salud

NIDIA SERRANO M.

27 de enero de 2017 10:47 AM

El gobernador de Córdoba, Edwin Besaile Fayat, anunció la contratación de una auditoría externa para vigilar en detalle cada una de las cuentas que se deben pagar en la Secretaría de Salud y así evitar la erogación a empresas que no cumplen con el objeto del contrato, específicamente con las IPS que atendieron pacientes falsos con supuesta hemofilia.

El mandatario se pronunció luego de conocer que durante su administración, justo en mayo del año anterior, se pagó una suma de 1.486 millones 919 mil pesos a la IPS San José de la Sabana S.A.S, por concepto de medicinas a 14 pacientes, pese a que la Contraloría General de la República, luego de una auditoría, había advertido irregularidades en el manejo de los recursos de la salud en el departamento durante las vigencias  2012 – 2015.

Beasile explicó que después de ese informe dio instrucciones a la Secretaría de Desarrollo de la Salud a fin de endurecer los controles administrativos frente a los pagos que debían efectuarse por concepto de servicios que no estuvieran incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS).

Además ordenó la suspensión de aquellas cuentas que estuviesen pendientes de desembolsos, correspondientes a las vigencias 2012 – 2015 y a la vigencia 2016, hasta tanto no se tuviera certeza de la prestación real y efectiva de los servicios cobrados.

El Gobernador pidió a la Fiscalía que se adelantara la investigación correspondiente por el pago de la cuenta señalada y reiteró que su administración no patrocinará actos de corrupción a los recursos de la salud del departamento, ni encubrirá la actuación de funcionarios, exfuncionarios, contratistas o particulares que hayan participado en su defraudación. Fue enfático en señalar que  continuará tomando las medidas administrativas que se requieran al interior de la cartera de salud para evitar, pagos inconsistentes o improcedentes.

El Cartel

Córdoba está en el ojo del huracán por presuntos casos de corrupción con recursos de la salud. La Contraloría descubrió que se habían pagado cerca de 50 mil millones de pesos a dos IPS encargadas de entregar los medicamentos a los pacientes con hemofilia. Sin embargo, el listado fue sacado del régimen subsidiado, a quienes les falsificaron las historias clínicas y los exámenes de laboratorio para hacerlos pasar como si tuvieran la enfermedad y poder sustraer la plata de la Gobernación de Córdoba.

Por su presunta participación en este cartel están privados de la libertad los ex secretarios de salud Edwin Preciado, Alexis Gaines y Alfredo Aruachán, así como los funcionarios Alfredo Ceballo, Juan Náder y Marcela Suárez.

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