En lo que va corrido del año 93 periodistas de Colombia han pedido protección a las autoridades por amenazas, cifra que prácticamente duplicó la del año anterior cuando se reportaron 42 casos.
La anterior afirmación fue hecha por el defensor del Pueblo, Jorge Otálora, durante su visita ayer a Montería, oportunidad en la cual se reunió con las víctimas de desplazamiento de tierras y con los líderes amenazados en el departamento de Córdoba.
El funcionario dijo que las amenazas a los periodistas de Colombia se han duplicado y que por ello es un tema que va a socializar con el Ministerio del Interior.
“El incremento de las amenazas es inusitado”, reiteró el funcionario desde la capital cordobesa, señalando que los casos son analizados en una mesa especial de la que hacen parte distintos organismos.
“Algunos de los periodistas tienen protección dependiendo de la intensidad del riesgo y otros reciben elementos mínimos como chalecos, celulares, etc”, explicó el Defensor del Pueblo.
Agregó que las regiones más complicadas son Bogotá, Valle, Arauca, Antioquia y Magdalena.
El tema de las amenazas a los periodistas se ventiló tras las denuncias hechas por los familiares del comunicador Juan Carlos Cervantes, asesinado en Tarazá (Antioquia), luego de haber recibido varias amenazas.
A Cervantes le habían retirado en el pasado mes de julio el servicio de escoltas, aduciendo que su riesgo era ordinario.
REUNIÓN CON VÍCTIMAS
El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, se reunió en el Centro de Convenciones de Montería con las víctimas de desplazamiento y con los líderes de restitución con el fin de escuchar algunas quejas en el sentido que no cuentan con las garantías de seguridad necesarias.
“Junto con la Unidad Nacional de Protección analizamos cada uno de los casos reportados en Córdoba y escuchmos deviva voz sus inquietudes”, manifestó el Defensor del Pueblo.
Dijo que todas esas informaciones serán llevadas a la mesas de protección donde además participan otras entidades como la Procuraduría y la Fiscalía.
Señaló que la idea es garantizar la protección a las personas amenazas y por ello se hará una revisión detallada del sistema de protección de algunos exfuncionarios, de tal forma que se liberen los escoltas para brindar el servicio a las personas que realmente lo requieran.
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