Una reducción del 20 % en la producción de ferroníquel se ha venido registrando en el último año al pasar de 50 mil a 43 mil toneladas.
Esa situación implica una reducción en los recursos de regalías, situación que preocupa a los directivos de la multinacional Cerro Matoso, explotadora minera que opera en el municipio de Montelíbano, sur de Córdoba.
El vicepresidente de asuntos internos de Cerro Matoso, Luis Marulanda del Valle, indicó que esa reducción es una tendencia que se ha venido dando a escala mundial pero que en el caso de Córdoba ha venido ocurriendo de manera más rápida de la prevista.
Ante ese panorama, que se agrava con los bajos precios del mineral, los directivos de Cerro Matoso anunciaron que están adelantando un proceso para solicitar una licencia ambiental que les permita explorar nuevos yacimientos en la zona de La Esmerlda. Sin embargo, inicialmente están haciendo las consultas previas con la comunidad indígena.
El anuncio se hace en medio de una puja con las comunidades indígenas vecinas que insisten en que han sufrido los rigores de la contaminación ambiental que produce la mina a cielo abierto.
En medio de paros, protestas y anuncios de incumplimientos por parte de la empresa, los funcionarios de Cerro Matoso insisten en que no son causantes de las enfermedades. Sin embargo, esperan los resultados de un estudio riguroso que realizarán comunidades científicas en la zona.
ESTUDIO DE SALUD
En el marco de los acuerdos de Cerro Matoso S.A. y las comunidades para realizar estudios de salud ambiental en el área de influencia de la mina, se realizó una reunión en el municipio de Montelíbano.
De acuerdo con lo señalado por el secretario del interior encargado de Córdoba, Guillermo Aleán Madrid, hay avances significativos en el cronograma para la conclusión de los términos de referencia. Explicó que del Primero al 15 de agosto se entregan los términos de referencia del estudio y del 15 al 30 del mismo mes se realizan los aportes de las partes a esos términos para tener en septiembre la versión final de los mismos y entre diciembre de este año y febrero de 2015 se abrirá la convocatoria pública y adjudicación para que en marzo de 2015 se inicien los estudios.
La subdirectora de salud ambiental del Ministerio de Protección Social, Adriana Estrada, aseguró que el estudio determinará los factores que inciden en el deterioro de la calidad de vida y de las poblaciones vecinas y qué tipo de relación tienen con la actividad directa de la multinacional.
El estudio ambiental tiene un costo de 2 millones de dólares y podría demorar entre dos y tres años, para caracterizar los factores de riesgo que generan procesos de enfermedad en las comunidades y luego empezar a impactar positivamente y disminuirlos.
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