El exalcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda, seis concejales activos, un diputado y cuatro exconcejales fueron sancionados con suspensión de cuatro y seis meses por la Procuraduría General de la Nación, en un fallo de primera instancia, por haber sesionado en febrero de 2010 a las 3 de la madrugada y aprobado cuatro proyectos que no habían pasado en comisión.
Los concejales activos sancionados fueron Juan José González Jiménez, Daniel Fernando Márquez González, Reinaldo Manuel Peña López, Aldrin Luis Pinedo Sánchez, Nelson José Rivera Pernet y Ludys Esther Rodríguez Ángulo.
Los exconcejales incluidos en la inhabilidad son José Francisco Navarro Marrugo, Devier Acosta Pimienta, Edgardo Espitia Cabrales y Remberto Álvarez Vertel.
La resolución contempla, además, una sanción para Óscar Ramírez, quien se desempeña como diputado, pero sin voz, ni voto debido a una sanción proferida por el comité de ética del Partido Liberal.
En esa oportunidad se reunieron a las 3 de la madrugada, tras el hundimiento de los proyectos presentados por el entonces alcalde, Marcos Daniel Pineda, en las respectivas comisiones.
La Procuraduría conceptuó que César Arturo Vergara Vidal, en su calidad de primer vicepresidente y concejal de Montería para la época de los hechos, queda inhabilitado por ese término por irregularidades en el trámite de cuatro proyectos de acuerdo que fueron aprobados en una sesión extraordinaria efectuada sin contar previamente con la convocatoria del presidente de la Corporación.
Vicios de forma
El Ministerio Público concluyó que el 8 de febrero de 2010, a las 3 de la mañana, fueron aprobados cuatro proyectos sin convocar a la totalidad de los integrantes de la mesa directiva del Concejo, contrariando lo dispuesto en el reglamento de la Corporación.
Se estableció, además, que Vergara Vidal y Ramírez Rhenals incumplieron el procedimiento de citación a sesión plenaria del Concejo de Montería, previsto en el Reglamento Interno de la Corporación, pues al realizar la citación excluyeron al Presidente del Concejo, pese a que la convocatoria a los concejales debía realizarse a través de la mesa directiva integrada por el presidente de la Corporación, que no fue convocado y por los dos vicepresidentes.
Adicionalmente se estableció que en esa misma sesión, el concejal Vergara Vidal designó al concejal Devier Acosta Pimienta para que desempeñara las funciones que le correspondían al Secretario General del cabildo municipal, pese a que las ausencias transitorias de los secretarios deben ser suplidas por reemplazo escogido por la mayoría de los concejales, mientras está sesionando la Corporación y no por quien presidía la plenaria, como ocurrió en este caso.
Indicó la Procuraduría que contra esta determinación disciplinaria, proferida mediante fallo de primera instancia, procede el recurso de apelación.
Con relación al exalcalde Pineda, quien es el presidente del Directorio Conservador de Córdoba, la Procuraduría señaló que no objetó jurídicamente cuatro proyectos de acuerdo y, por el contrario, procedió a sancionarlos pese a que la citación y convocatoria de la sesión del Concejo en la que estos fueron aprobados se hicieron de manera irregular.
Proyectos aprobados
Los cuatro proyectos que aprobaron en su oportunidad, en la denominada sesión clandestina fueron: las facultades al Alcalde para condonar el 50% de las deudas por multas de tránsito y otro para descontar el 70% de los intereses a los morosos del impuesto predial.
Se aprobó una modificación a la ley de intervención económica y le dieron facultades a Pineda García para hacer préstamos y convenios.
Los anteriores proyectos habían sido hundidos previamente en la comisión de presupuesto y, por ello, un grupo de concejales organizó una sesión clandestina en la que entraron forzando la puerta del recinto para aprobar dichas facultades, sin el lleno de los requisitos legales.
Los concejales seguramente apelarán la decisión y se prolongará este proceso que se inició hace cerca de cuatro años.
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