Córdoba


Se alarga condena de exgobernador de Córdoba por fallo

NIDIA SERRANO M.

24 de diciembre de 2013 12:02 AM

El exgobernador (e) de Córdoba, Ariel Arteaga, recibió una nueva condena de dos años y cinco meses de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual se suma a una anterior de nueve años y seis meses que está pagando en la cárcel La Picota de Bogotá.

Arteaga Díaz, quien era el secretario de Gobierno durante el corto mandato de Jaime Torralvo Suárez, fue encargado por este en varias oportunidades en los ocho meses de Gobierno.

La condena se da luego de acogerse a sentencia anticipada por los delitos de prevaricato por acción y peculado, luego de una investigación en la que fue hallado responsable en calidad de coautor, junto con el gobernador titular de ese entonces, quien paga condena en su casa del municipio de Lorica.

Arteaga fue hallado culpables de los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

Otras sanciones
Hay que indicar que en el año 2011, la Procuraduría también lo había destituido e inhabilitado por 15 años por decisiones polémicas igualmente en calidad de gobernador encargado. En ese caso fue por haber declarado insubsistente a 394 docentes de diferentes instituciones sin el lleno de los requisitos legales.

Ahora, la Corte Suprema lo halló responsable de las irregularidades que rodearon la celebración de un contrato por $1.944 millones, hecho a través de un convenio interadministrativo con el municipio de Ciénaga de Oro.

El objeto del contrato era cofinanciar ocho obras civiles en zona rural de ese municipio cordobés, pero, según la Fiscalía, las obras presentan fallas o no fueron entregadas en su totalidad.

“Las obras son deficientes, inservibles, no cumplen con ninguna finalidad, por lo que no es difícil concluir un importante daño al patrimonio público”, señala el ente investigador.

Por las anteriores consideraciones, tanto Torralvo como Arteaga tendrán que pagar $2.019 millones, teniendo en cuenta que no hicieron ningún tipo de supervisión a las obras, pese a estar cofinanciándolas y tampoco contrataron una interventoría.

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