La Superintendencia Nacional de Salud ordenó liquidar la EPS indígena Manexca, cuya sede principal se encuentra en el municipio de San Andrés de Sotavento, en el departamento de Córdoba, y tiene 210 mil afiliados en 18 municipios de Córdoba y Sucre.
Funcionarios de la entidad tomaron posesión de las instalaciones, con el respaldo del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía, luego de los hallazgos obtenidos a través de una auditoría forense en donde se evidenció una defraudación a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud con la que se puso en riesgo a sus afiliados.
Según lo indicado por Normal Julio Muñoz, superintendente de Salud, entre los principales hallazgos que motivaron la decisión, según la Súper, están la venta de inmuebles de propiedad de la EPS Manexka a la IPS Indígena del mismo nombre por 600 millones, sin que el valor de dicha transacción se evidencie en los registros contables. A estos inmuebles se les realizaron mejoras por valor de 240 millones existiendo únicamente una promesa de compraventa entre las dos entidades. ?
Señaló además que el porcentaje de contratación con la IPS indígena Manexka que presta servicios de primer nivel, no es equiparable con el porcentaje de contratación que se realiza con otras instituciones que prestan servicios de mayor nivel de complejidad. ? Tampoco entregaron información sobre el origen de financiamiento para la adquisición de la sede en la que actualmente funciona y que de acuerdo a los libros contables asciende a 2.900 millones de pesos, lo que a juicio de la autoridad de salud podría configurarse como una apropiación indebida de recursos de la salud pues aparentemente este dinero salió de los recursos que asigna el gobierno por cada afiliado.
Ingresos ficticios
Los hallazgos incluyen además la contabilización de ingresos extraordinarios ficticios para dar cumplimiento a la norma de habilitación financiera del orden de los 13.800 millones, pago de honorarios a miembros de la junta directiva sin autorización por 304 millones, gastos de nómina registrados y pagados como costos en salud. ?También se rastrearon cuentas bancarias activas e inactivas que nunca fueron reportadas en los estados financieros.
La Superintendencia sostuvo además que lograron identificar una celebración indebida de contratos con la IPS Sumisalud S.A.S, encargada del suministro de medicamentos, la cual fue creada el 24 de enero de 2013. Sin embargo, en el contrato se establece que había iniciado desde el 1 de enero del mismo año.
Con relación a las facturas presentadas por esta IPS nunca fueron auditadas, es decir, se pagaba sin verificar si efectivamente se había prestado el servicio o no y adicionalmente a esta misma IPS Sumisalud S.A.S se le otorgaron anticipos y avances por 1.177 millones, a pesar de estar prohibido en el manual de contratación de la EPS.
Otra denuncia consiste en que se contrató a la empresa Montes Quality Group S.A.S el 5 de enero de 2015, a pesar de que la empresa había sido creada solo 12 días antes, es decir el 24 de diciembre de 2014, con lo cual se evidencia que no se tuvo en cuenta ni la idoneidad ni la experiencia para su contratación. ? "La empresa Montes Quality Group S.A.S realizaba las funciones de auditoría de cuentas médicas, verificación de derechos de los afiliados, sistema obligatorio de garantía de la calidad y oportunidad en los servicios ofrecidos, calidad de historias clínicas. Esto se configura como una tercerización en el aseguramiento porque son actividades que debe adelantar la EPS sin que puedan ser delegadas bajo ninguna circunstancia o figura", señala el informe del organismo de vigilancia.
Cirugías falsas
La Superintendencia confirmó además que se identificaron autorizaciones para la realización de procedimientos estéticos sin que existan evidencias de pago en los registros contables, Muchas de las pacientes que supuestamente instauraron acciones de tutela señalaron que jamás se han hecho ese tipo de procedimientos.
Además emitieron autorizaciones de servicios de salud a 513 fallecidos por valor de 733 millones de pesos. “Las personas que estaban al frente de esta EPS, violaron todo tipo de normas para defraudar al sistema de salud, acá se perdieron recursos importantes, se desviaron con otros fines distintos a los del aseguramiento, poniendo en riesgo a sus afiliados”, aseguró Norman Julio Muñoz.
Reiteró que la entidad está trabajando de manera coordinada con la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las acciones de tipo penal necesarias para determinar los responsables de los hechos denunciados. “Es importante aclarar que esta es la primera vez que se ordena la liquidación de una EPS indígena, y no se hace por su condición, la cual en varias oportunidades fue utilizada por sus administradores como escudo frente a las acciones que podía adelantar esta Superintendencia”, agregó el Superintendente.
Finalmente se estableció que los 210 mil afiliados a la EPSI Manexka serán asignados a otras EPS habilitadas para operar en la región.
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