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Tribunal ordenó medidas para superar crisis en cárcel de Montería

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El Tribunal Administrativo de Córdoba ordenó que entidades como el Inpec, Ministerio del Interior, Procuraduría y Defensoría del Pueblo tomen medidas urgentes para superar las condiciones indignas e infrahumanas en las que viven dos mil internos de la cárcel Las Mercedes de Montería.

La sala segunda declaró el Estado de Cosas Inconstitucional, figura que permite la intervención inmediata para resolver la crisis. En la misma le da un término máximo seis meses para que las autoridades resuelvan los problemas del penal.

La medida se tomó luego de una acción de tutela instaurada por el personero de Montería, Jorge Galofre, quien invocó la protección de los derechos fundamentales a la vida digna, a la integridad personal y al agua, aduciendo que los presos vivían en medio de aguas negras, hacinados y sin las mínimas condiciones para pagar sus penas.

En el fallo se ordena la reparación, en un término máximo de seis meses, de la planta eléctrica, motobomba y sistema hidráulico, ampliación de redes de alcantarillado y reparación de las filtraciones de agua y materia fecal, además de la dotación de recipientes, limpieza y desinfección de zonas comunes.

También establece un plazo de tres meses para que el Instituto Nacional Penitenciario gestione con empresas promotoras de salud la adecuación de la sección odontológica del establecimiento carcelario, la dotación de medicamentos que hacen falta y el oportuno traslado de los internos para consultas médicas y de urgencias.

Exigió así mismo que les entreguen a los internos dotación de aseo, colchonetas, almohadas, cobijas y que cada persona que ingrese al penal cuente con esa misma garantía. También ordenó realizar brigadas médicas y acciones diversificadas con las Empresas Promotoras de Salud.

Otro de los requerimientos hechos por el Tribunal consistió en la creación de un consultorio jurídico al interior de la cárcel para descongestionar los procesos y solicitudes de los internos.

Los organismos encargados de hacer seguimiento a las órdenes proferidas en la sentencia son la Defensoría del Pueblo y a la misma Personería que fue el organismo que tuteló debido a las precarias condiciones en que viven los reclusos de la cárcel de mediana seguridad.

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