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Tribunal Superior no aceptó apelación de confeso asesino de Jairo Zapa

El Tribunal Superior de Montería negó la nulidad de la imputación de cargos contra Joycer Hernández, el confeso asesino del director de Regalías de Córdoba, Jairo Zapa. Hernández había pedido, a través de su abogado, que se respetara un preacuerdo suscrito por él con la Fiscalía como condición para señalar dónde estaba enterrado el cuerpo del ingeniero Jairo Zapa Pérez.

Esa fue la decisión que se tomó en el marco de una audiencia realizada ayer en Montería con la cual se puso fin a la traba que tenía el proceso, desde el pasado 3 de diciembre, cuando Juan Landinez, abogado del desmovilizado de las autodefensas, había solicitado que se cambiara la imputación de los cargos, aduciendo violación al debido proceso.

Como se recordará, Joycer Hernández inicialmente fue procesado por los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado, pero luego hizo un preacuerdo con la Fiscalía en el cual se comprometió a señalar el lugar donde estaba enterrado el ingeniero civil, a cambio de ser procesado por homicidio simple.

Aunque inicialmente el fiscal de Montería aceptó el polémico acuerdo, cuando el caso fue asumido por el fiscal 48 de Derechos Humanos de Bogotá, Carlos Pión Mayorga, se vino abajo.

El funcionario insistió en que debía seguir enfrentando los cargos iniciales porque a Zapa lo desaparecieron de una casa, ubicada en el norte de Montería, y luego su cuerpo fue encontrado en un paraje rural.

Ante ese cambio intempestivo el abogado del hombre que confesó haber estrangulado a Zapa Pérez, por supuestos celos, interpuso un recurso que debía ser resuelto por conjueces del Tribunal Superior, quienes finalmente ayer dijeron que ratificaban la acusación de la Fiscalía, planteada por Pión, es decir Hernández seguirá enfrentando los cargos de desaparición forzada y homicidio agravado.

La sala penal de conjueces del Tribunal Superior de Montería resolvió la apelación en favor de la Fiscalía, a través de un fallo leído por el conjuez Nilson Coavas.

La actuación judicial se lleva a cabo justo siete días antes de cumplirse el primer aniversario del crimen del funcionario, quien se desempeñaba como Director de Regalías de la Gobernación de Córdoba, y por el cual están presos contratistas y excompañeros de Zapa, quienes asistieron a una reunión con él, el mismo día en que desapareció y fue asesinado.

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