La Unidad de Restitución de Tierras reclamó los derechos de propiedad para más de 200 víctimas del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso en los corregimientos de Santa Marta, Morales y Nueva Granada, en la vereda Las Flores, municipio de Tierralta.
El exjefe paramilitar es señalado por los solicitantes al haber ejercido presión con amenazas, asesinatos y vejaciones, para que se efectuaran las ventas de los predios que estas familias habían recibido del Incoder, adquirido de manera legal o por herencia familiar.
Según el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal Urrego, esta nueva labor que se emprende en el departamento le devuelve la confianza a las víctimas. “En Córdoba hemos hecho una intervención muy fuerte. Ya le quitamos a los Castaño unas buenas tierras, ahora estamos con Mancuso y seguiremos con los otros bandidos. Definitivamente eso da señales de la confianza de la comunidad para que reclamen”, dijo el funcionario nacional.
Sostuvo que las cerca de mil hectáreas despojadas corresponden a las haciendas Tierra Santa, que se constituyó producto del englobe de los predios: La Trinchera, La Unión, El Cairo, Santa Fe, El Topacio, Pirámides, Leticia, Buenos Aires, La Gloria y Martha Cecilia.
Si bien en algunos casos existió pago en efectivo por las ventas de dichos terrenos, todas las versiones concuerdan en que el precio fue impuesto por el despojador. Además, es evidente que hubo irregularidades en la celebración de los contratos de compraventa, pues en el caso de los predios adjudicados, están restringidas las ventas o enajenación de los territorios.
Reiteró que en los folios de matrícula inmobiliaria consultados por la Unidad de Restitución de Tierras para documentar los casos, una parte importante de los predios solicitados reposan bajo la propiedad de la sociedad comandita Mancuso Dereix y Cía Ltda. En otros casos, algunos predios están en extinción de dominio, ya que estaban registrados como dominio de Aram Assias Solar, quien fungió como testaferro del extraditado jefe paramilitar.
De acuerdo con el análisis de contexto al que se remontan los hechos narrados por los solicitantes, los despojos o abandonos forzados se dieron entre 1991 y 2004, época para las que se registran hechos de violencia como el asesinato de Héctor Acosta, alcalde de Tierralta (Córdoba) el 20 de febrero de 2001, crimen cuya autoría fue reconocida por Mancuso en versión libre.
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