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Corte falla a favor de comunidades en histórico pleito en Arroyo Grande

La Corte Constitucional dio un plazo de dos años para que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y a la Agencia Nacional de Tierras realicen, de una vez por todas, la clarificación del predio Arroyo Grande, ubicado en Bolívar, en una disputa que remonta al fin de la esclavitud en el país.

Se trata del predio Hacienda Arroyo Grande que, tras la abolición de la esclavitud, fue entregado por los herederos propietarios, señores Justiniano y Mariano Ramírez, a sus antiguos esclavos como forma de compensación por los años de trabajo. El predio se entregó a través de un sistema de acciones (ej. 40 años de trabajo equivalían a 40 acciones de derecho sobre la propiedad) a 113 personas.

El terreno, hoy, equivale a 18.000 hectáreas y comprende cuatro municipios: Clemencia, Luruaco, Cartagena y Santa Catalina. Tiene forma triangular y está atravesado por la carretera Cartagena – Barranquilla.

De acuerdo con la Corte, los linderos fácilmente identificables son el Mar Caribe y la Quebrada de Amanzaguapos, mientras que aquellos que ofrecen más dificultad son los relacionados con la Hacienda la Púa, propiedad del señor Andrés Jarava, y los límites con Clemencia y el Caserío el Coco, en la parte continental del predio. En toda esta zona hay asentamientos de varios grupos poblacionales como afrodescendientes, mestizos y blancos, así como actividades de explotación económica como ganadería, minería, invernaderos y un hotel.

Con el paso del tiempo, se originaron títulos falsos de propiedad que llevaron a querellas por la posesión de la tierra por lo que herederos de dichos comuneros solicitaron actuación de las autoridades para aclarar la situación de los terrenos, sin tener respuesta adecuada del Incoder.

El caso llegó a la Corte por cuenta de una tutela presentada por Edelmira Ortega de Marrugo, en calidad de integrante de la Comunidad de Copropietarios de la Hacienda Arroyo Grande, que fue apoyada la Fundación Para El Desarrollo De Las Comunidades Negras E Indígenas Afrodescendientes (Fundaconeafro).

Tras diversas pruebas y un largo proceso, la Corte evidenció que la información geográfica de lo que era antiguamente el predio Hacienda Arroyo Grande noexiste de manera precisa, pues los linderos naturales descritos en la escritura pública Nº 161 de 1897, sufrieron cambios en los últimos 100 años.

Aún así, después de una delimitación inicial se concluyó que el área aproximada es de 18.000 hectáreas (es el 60% de la ciudad de Bogotá), sobre las cuales el Incoder y el IGAC empezaron a realizar trabajos de identificación por sectores, con apoyo de equipos GPS de precisión, fotografía con drones y algunos trabajos de cartografía y topografía tradicional. También solicitaron la información catastral de la zona, lo que arrojó un aproximado de 1.800 a 2.000 predios identificados en la zona.

Además, dentro del territorio de la Hacienda Arroyo Grande se encuentran varias veredas: La Europa, Arroyo de las Canoas, el Palmario, Arroyo Grande, Arroyo de Piedra, Loma Arena, Púa 2, Amanzaguapos, cada una de ellas organizada a través de Consejos Veredales.

De acuerdo con la Corte, para los representantes de los Consejos Comunitarios, si bien hoy en día sus miembros están dispersos en distintos municipios, "toda la comunidad afrodescendiente de Arroyo Grande se identifica a través de las mismas costumbres, tradiciones y usos".

LAS ÓRDENES DE LA CORTE
La Corte llegó a la conclusión que en años de negligencia y omisiones, se vulneraron los derechos de las comunidades y encontró incluso un patrón de discriminación por parte del Incoder, ya que “es notoria la inacción cuando se trata de solicitudes presentadas por miembros de la comunidad, que contrasta con la proactividad en la resolución de aquellos procesos en los cuales estaban en juego intereses de grandes grupos empresariales”.

En ese sentido, la Corte ordenó al director de la Agencia Nacional de Tierras, el Superintendente de Notariado y el Gerente del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que realicen el proceso de clarificación de la propiedad del predio Arroyo Grande descrito en la escritura pública N°161 de 1897, en un proceso que deberá proteger a las comunidades y hacerse en máximo dos años.

Después, dichas autoridades, deberán dar tramite las solicitudes de titulación colectiva elevadas por los Consejos Comunitarios de la Europa, Arroyo Grande y Amanzaguapos, sin dilaciones injustificadas y en máximo un año.

Además se deberá hacer un censo población en la zona a fin de identificar a los miembros descendientes de los copropietarios descritos en la escritura original, a los  miembros de los Consejos Comunitarios presentes y determinar el porcentaje de la población afrodescendiente en la zona.
 

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