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Desplazamiento forzado empeora crisis de agua en Santa Marta

Otálora Gómez aseguró que esta situación se suma a la falta de planificación adecuada de la ciudad en materia de agua, ya que no se han construido los tanques de almacenamiento necesarios para abastecer a los ciudadanos mientras se logra culminar la construcción del acueducto.

Al respecto, desde la Defensoría Regional del Magdalena se manifestó la preocupación por la tardía intervención de la administración distrital para tomar medidas adecuadas por la escasez del agua.

Esto ya que desde el 6 de agosto de 2013 se había anunciado la construcción de pozos profundos que ayudarían a mitigar el impacto del invierno, pero solo hasta el pasado 3 de febrero la Alcaldía aprobó los recursos para la construcción de cuatro pozos de 68 metros de profundidad cada uno.

El Defensor del Pueblo Regional Magdalena, Albeis James Fuentes, exhortó a la Alcaldía Distrital de Santa Marta para que solucione rápidamente el problema de desabastecimiento de agua, que afecta a por lo menos el 60% de los habitantes de la ciudad, quienes se están viendo abocados a un racionamiento.

"Aunque la Defensoría del Pueblo reconoce que se tomaron medidas recientes con la declaratoria de calamidad pública (transportar agua en barcazas desde Barranquilla, llevar carrotanques a las comunas y realizar controles a lavaderos de carros, así como a quienes rompen los tubos para desviar el agua), estas no son suficientes ante la intensa ola de calor y la sequía que se vive en la capital del Magdalena", señaló Fuentes.

Además de haber intervenido para que las protestas de la comunidad no se agraven, la Defensoría del Pueblo advierte que seguirá velando porque se respeten los derechos a la salubridad, al acceso a los servicios públicos y en especial, al derecho humano al agua.

En un informe que emite anualmente la Defensoría sobre del Derecho Humano al Agua, advierte una situación difícil en otros municipios del departamento del Magdalena, entre ellos: Tibijay, Pueblo Viejo y Aracataca.

Lo mismo ocurre con cerca de 100 municipios del país que la Defensoría del Pueblo ha venido estudiando porque enfrentan situación muy crítica en materia de acceso al agua potable.
 

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