El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, expresó que en los hechos sucedidos el pasado 18 de mayo, que dejaron 33 niños muertos tras el incendio de un bus en Fundación, Magdalena; el Estado falló por la omisión en el actuar de varias de sus instituciones para prevenir los acontecimientos.
“Aquí hubo una falla de Estado, una ausencia de Estado. No tiene presentación que nosotros siempre nos quejamos porque no hay leyes y aquí en este tema sí hay leyes, sino que lamentablemente muchas instituciones del Estado no hicieron su trabajo, no cumplieron los controles que traen las leyes, no funcionaron”, dijo Otálora desde Santa Marta.
Agregó que hubo una cadena de errores y de omisiones debido a que el conductor manejaba sin pase, no tenía seguro y que el vehículo no tenía exámenes de los órganos de control, que dentro de él se transportaba combustible y que no estaba afiliado a una empresa, entre otros.
“El Estado debe decirlo de manera clara, que hubo una ausencia y que hizo mal el trabajo y que como consecuencia tiene que indemnizar a las familias. Sabemos que esa indemnización no les va a recuperar a sus hijos, ni les va a ayudar a su dolor, pero por lo menos esto debe sentar un precedente para el Estado y para todas las instituciones, para que estos lamentables hechos no se vuelvan a presentar”.
Dijo que presentará una demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en la que se va a incluir a varias entidades del orden nacional, departamental y de orden local.
Ante esta demanda, el Defensor del Pueblo espera que, tal como le propuso al procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez; que se realice una audiencia de conciliación, a la que asistan los representantes del Estado de las instituciones que actuaron por omisión y que en ella “el Estado acepte que cometió un error”. De esa manera se ahorraría un largo proceso en los tribunales.
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