Después de 24 años de búsqueda de la familia del campesino Omar Zúñiga Vásquez, el Estado reconoció su responsabilidad en la ejecución extrajudicial y tortura de su madre Amira Vásquez de Zúñiga, en hechos ocurridos en junio de 1992, por integrantes de la Primera Brigada de Infantería de Marina en el municipio de San Jacinto, Bolívar.
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) representante legal de la familia de Omar Zúñiga Vásquez, y el Estado suscribieron un acuerdo de Solución Amistosa en este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 6 de abril.
El acuerdo contempla medidas como la entrega digna de los restos de la víctima, la revisión del fallo que declaró la prescripción del caso contra los militares involucrados, la vinculación de la familia a programas de reparación integral y la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad, previsto para este miércoles 20 y jueves 21, pero suspendido por compromisos previos de agenda gubernamental.
Los hechos remontan al primero de junio de 1992 cuando un grupo de 30 hombres pertenecientes al Batallón de Fusileros de la Infantería de Marina No. 3, 14 y 15, de la I Brigada, penetraron violentamente en la casa de la señora Amira Vásquez de Zúñiga, golpearon a su hijo Omar Zúñiga, de 24 años, con el objetivo de obtener información sobre el paradero de guerrilleros.
Al no tener respuesta, los militares se llevaron a Omar y su madre. Cuatro días después Amira fue abandonada en una carretera por los militares, quienes le manifestaron que su hijo Omar se había escapado y que no sabían de su paradero. Nueve días después, cerca al corregimiento de El Paraíso, el cuerpo de Omar fue encontrado con un impacto de arma de fuego en el cráneo y con la mandíbula fracturada.
Según informó el Colectivo de Abogados a lo largo del procedimiento penal y ante diferentes autoridades del Estado, la familia Zúñiga Vásquez recibió amenazas, hostigamientos e intimidaciones por investigar la muerte de Omar Zúñiga y la responsabilidad de los miembros de la Infantería de Marina.
El 19 de abril de 1999, del Tribunal Administrativo de Bolívar declaró responsable a la Primera Brigada de Infantería de Marina por los hechos.
El 10 de mayo de 2004, el Colectivo presentó una petición ante la CIDH por el caso y el 2 de marzo del 2006 la Comisión admitió el caso que ahora llega a una solución amistosa.
En cuanto a la justicia penal, después de muchos años de litigio, se dio por probada la ejecución extrajudicial de Omar Zúñiga, por parte de los infantes de la marina investigados, y en 2011 se ordenó la captura del coronel de la Infantería de Marina, Henry Mauricio Rodríguez Botero, por su presunta responsabilidad en el delito de tortura y homicidio agravado, también por los mismos delitos al dragoneante Pedro José Yepes Guzmán, a los sargentos viceprimero Carlos Adolfo Bermúdez Carmona y Misael Villabona López, y a los infantes de Marina profesional Oslavi Enrique de la Cruz Torres, Guillermo Próspero Castillo Valencia y Alfonso Coronel Ortiz.
El 25 de junio de 2012, el fiscal que llevaba el caso aseguró que había prescrito y ordenó su libertad. En el acuerdo de solución amistosa, el Estado se comprometió a emprender una acción de repetición contra las responsables de estos hechos, es decir, que sean los directos autores materiales e intelectuales que establezca la justicia quienes respondan patrimonialmente por el daño causado.
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