Formulan pliego de cargos a Besaile y Lyons por cartel de neuroterapias

05 de febrero de 2018 04:51 PM

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Un nuevo proceso tendrán que enfrentar el suspendido gobernador de Córdoba, Edwin Besaile Fayad, y su antecesor, Alejandro Lyons, luego que la Procuraduría General de la Nación les formulara pliego de cargos por haber ordenado pagar cerca de cinco mil millones de pesos a la IPS Funtierra Rehabilitación por la realización de terapias de neurehabilitación, sin que mediara ningún contrato con la Gobernación de Córdoba.

La misma medida cobija a los exsecretarios de salud José Jaime Pareja Alemán y Edwin Preciado, quienes terminaron pagando la millonaria suma, sin que sus jefes inmediatos, en este caso los gobernadores, hubieran ejercido el control y la vigilancia que se requería en ese proceso. Ambos funcionarios están en procesos judiciales también por el cartel de la hemofilia.

El Ministerio Público indicó que la actual administración de Besaile pagó a la mencionada IPS, representada legalmente por Tania Otero, esposa del exaspirante a la Gobernación Eduardo Padilla, ademán representante legal de la Red de Veedurías,la suma de 1.194 millones 750 mil pesos, mediante la resolución 00002 del 13 de abril de 2016, mientras que durante la administración Lyons, una de las más cuestionadas en Córdoba, se pagaron 3.793 millones de pesos,sin que mediara relación contractual con la Gobernación.

La Procuraduría calificó la falta del gobernador Besaile, del exgobernador Lyons y de los exsecretarios de Salud como gravísima a título de culpa gravísima y por ello decidió abrir pliego de cargos, toda vez quela Procuraduría no consiguió un contrato que legalizara la prestación de dichos servicios.

Los recursos pagados por la administración departamental a Otero incluían además las meriendas y una cuota adicional para recuperación, pero el órgano investigador trata de establecer si efectivamente fueron pacientes reales o fantasmas como ha ocurrido con el cartel de la hemofilia y el sida.

Otero explicó en su momento que no se tuvo que hacer licitación, ni contratación ya que los servicios de salud autorizados por la Gobernación están estipulados de acuerdo al Decreto 4747 de 2007 “Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo” y por la Resolución 1479 de 2015 “Por medio de la cual se establece el procedimiento para el cobro y pago de servicios y tecnologías sin cobertura en el POS suministradas a los afiliados de Régimen Subsidiado”. Sin embargo, esta razón no es válida para el Ministerio Público.

También la Contraloría

No es la primera vez que la IPS Funtierra Rehabilitación está en el 'ojo del huracán'. Ya la Contraloría General de la Nación había hecho reparos por los pagos hechos a la mencionada entidad, toda vez que se detectaron algunas inconsistencias, entre ellas el cobro de terapias incompletas.

En 2015 el entonces secretario de Salud, Edwin Preciado, dijo que los pagos se habían hecho por orden de los jueces de la República, luego de acciones de tutela que favorecían a los menores con síndrome de Down.

En la investigación se logró establecer que la Secretaría de Salud de Córdoba no aplicó los procedimientos establecidos para el reconocimiento de servicios que no estuvieran incluidos en el Plan Obligatorio de Salud y tampoco implementó los controles necesarios para detectar deficiencias y cobros inconsistentes, especialmente si se tiene en cuenta que la Contraloría ya había evidenciado en el pasado, pagos irregulares por servicios de terapias que habían sido practicadas a los pacientes.

También señalaron que por mandato legal, no está permitido que con recursos de la salud, se financien servicios y tecnologías de las cuales no exista evidencia científica sobre su efectividad clínica, como es el caso de las terapias y las basadas en neurodesarrollo. Sin embargo, y pese a la ausencia de evidencia científica de las mencionadas terapias, estas se siguieron pagando por la actual administración, sin que se evidenciara la efectiva prestación de los servicios terapéuticos.

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