El suspendido gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, indicó que frenó pagos irregulares por valor de 450 mil millones de pesos en el departamento, especialmente los relacionados con el cartel de la educación y por los contratos de regalías para el área de ciencia y tecnología, justamente por evitar actos de corrupción.
Así lo indicó al arribar a Montería, procedente de Bogotá, luego de asistir a la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento que se adelantó en el Tribunal Superior de Bogotá, donde la Fiscalía pidió cárcel, asegurando que participó en el denominado cartel de la hemofilia.
"Si yo evité que el presupuesto se desangrara en 450 mil millones de pesos, no tiene ninguna lógica que yo me fuera a ensuciar las manos por 1.500 millones", indicó el mandatario, haciendo referencia al pago de una cuenta por valor de 1.500 millones de pesos a la IPS San José de la Sabana por la atención de 14 falsos pacientes de hemofilia.
Besaile reconoce que efectivamente ese pago se hizo, pero que la cuenta venía en trámite desde el año 2015, durante la administración de Alejandro Lyons, y que se pagó durante su mandato en mayo de 2016 sin que tuviera conocimiento del hecho.
"Yo di facultades a los secretarios de despacho para que manejaran el presupuesto de sus dependencias, de tal forma que no yo no autoricé ese pago y tampoco tenía ningún control de advertencia por parte de la Contraloría en torno al manejo irregular de los pacientes con hemofilia, pues este llegó varios días después", indicó Besaile, argumentando que el próximo 16 de marzo continuará su defensa para evitar ir a la cárcel.
Reconoció que está atravesando una situación muy difícil, pues su mamá está delicada de salud y su esposa, Rosana Zuleta, tiene un embarazo de siete meses. A lo anterior se agrega la dificultad por la que atraviesa su hermano Musa, quien está recluido en La Picota de Bogotá por el denominado Cartel de la Toga.
Finalmente, dijo que su abogado instauró una reposición ante la Procuraduría General de la Nación con el fin de evitar la suspensión por tres meses señalada por el Ministerio Público y aseguró que no obtener respuesta, procederá a instaurar una acción de tutela.
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