El gobernador de Córdoba, Edwin Besaile Fayat, dijo que no ha entregado, ni ofrecido dinero a ningún funcionario de la Fiscalía General de la Nación para obstruir una investigación en su contra u obtener algún tipo de beneficio judicial.
Así lo indicó tras conocerse que habría entregado la suma de 300 millones de pesos al fiscal 78 Anticorrupción, Daniel Fernando Díaz, segundo al mando después de Luis Gustavo Moreno.
El supuesto soborno era para que no abrieran investigación formal en su contra por haber pagado una cuenta del denominado cartel de la hemofilia a la IPS San José de la Sabana que falsificó el listado de pacientes.
"No conozco a los señores Daniel Díaz, Gustavo Moreno o Leonardo Pinilla y jamás he tenido contacto con ninguno de ellos", indicó el mandatario, aduciendo que la Fiscalía 78 Anticorrupción y el fiscal Díaz no tienen competencia para investigarlo porque esa sería una responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia por su condición de aforado.
Dijo, además, que no patrocina actos de corrupción, ni encubre actuaciones de funcionarios o exfuncionarios en defraudación de los recursos de la salud y que fue él mismo quien hizo la denuncia sobre lo que estaba ocurriendo y pidió la medida de aseguramiento para las personas que participaron en el ilícito
Advirtió también que el Departamento se convirtió en víctima dentro del proceso, toda vez que se pagaron cerca de 50 mil millones de pesos a dos IPS que falsificaron las historias clínicas de beneficiarios del régimen subsidiado. Asimismo, adulteraron los resultados de los exámenes, falsificando la firma de un prestigioso laboratorio y también adulteraron las historias médicas firmadas por un hematólogo para cobrar por medicamentos que no estuvieran en el plan obligatorio de salud.
Dentro de ese proceso se estableció que Besaile Fayat pagó uno de las cuentas a la IPS San José por un valor superior a los 1.500 millones de pesos, pese a que la Contraloría había advertido irregularidades en ese contrato.
Habló Fiscal
En medio del escándalo que se desató en Córdoba con la información dada a conocer por la W Radio, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dijo que en los actuales momentos no tiene ningún tipo de información oficial sobre la existencia de la grabación que compromete a un nuevo fiscal en escándalos de corrupción.
Reiteró que en la cooperación con el gobierno de los Estados Unidos ellos han manifestado que entregarán una información formalmente y que están empeñados en la tarea de seguir indagando sobre la conducta de algunos de los funcionarios de la Fiscalía,
Sostuvo además que el fiscal Díaz no ha sido requerido en este momento, ni ha sido citado a interrogatorio.
50 grabaciones
El gobierno de Estados Unidos podría tener acceso a por lo menos 50 grabaciones hechas por el exgobernador Alejandro Lyons Muskus durante los últimos tres años de su administración, en los que estarían comprometidos sus socios políticos, fiscales, jueces, magistrados, asesores y amigos cercanos.
Por lo menos eso fue lo que dijo Lyons, al gobierno americano, en aras de seguir colaborando con la justicia para ayudar a destapar la ola de corrupción en Córdoba, en la que él estuvo incurso.
También dijo tener audios y videos sobre las presiones que venían ejerciendo algunos miembros de los organismos de control para frenar las investigaciones en su contra, tal y como ocurrió en el destituido director nacional Anticorrupción, Luis Gustavo Moreno.
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