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Gobernador de Córdoba pide a Contraloría que lo escuche en versión libre

El gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, pidió a la Contraloría que lo escuche en versión libre, con el fin de dar explicaciones con relación al pago de una factura de 1.525 millones de pesos, por concepto de falsos pacientes de hemofilia, hecho que motivó la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal.

La solicitud formal fue hecha a través de su abogado defensor, Andrés Garzón, quien señaló que Besaile nunca se enteró del pago irregular que había hecho su administración, pues delegó en los secretarios de despacho esa responsabilidad.

Como se recordará, la Gobernación de Córdoba giró el monto señalado a la IPS San José de la Sabana, liderada por Guillermo Pérez Ardila, hoy preso en la cárcel Las Mercedes de Montería, considerado como el cerebro del cartel de la hemofilia.

En dicho pago se cancelaban los servicios por la atención prestada a 14 pacientes que supuestamente tenían hemofilia, pero era falso. Sus historias y exámenes clínicos habían sido adulterados para apropiarse de los recursos.

El abogado insistió en que la Contraloría tiene todo el derecho a abrir las investigaciones pertinentes, pero conminó al organismo a escuchar las explicaciones del implicado, quien dice tener todas las evidencias para demostrar su inocencia, hasta el punto que fue el mismo Besaile quien denunció ese pago ante las autoridades competentes, pues ya existía un control de advertencia por parte del organismo.

El denominado cartel de la hemofilia, uno de los casos de corrupción más sonados en el país, tiene tras las rejas a varios funcionarios de la Secretaría de Salud de Córdoba como Alfredo Aruachán Narváez, Juan David Náder Chejne, Edwin Preciado, Alfredo Ceballos, Alexis Gaines, entre otros.

Recientemente también fue detenido en Bogotá el saliente secretario de Salud de Córdoba, Jaime Pareja Alemán, quien es investigado por haber hecho el pago. Sin embargo, el juez de control de garantías lo dejó en libertad.

Como se recordará el exgobernador saliente, Alejandro Lyons, hoy protegido por la justicia norteamericana, se comprometió con la Fiscalía General de la Nación a denunciar a todas las personas que participaron en el robo al erario público en Córdoba, incluido este cartel.

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