Por presuntas irregularidades contractuales, la Contraloría General de la República imputó cargos de responsabilidad fiscal solidaria por cerca de mil millones de pesos al gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín Rognini; al Secretario Departamental de Educación, Javier Alberto Posada Meola, y a la Diócesis de Magangué.
La decisión se relaciona con el presunto detrimento patrimonial por $980 millones 223.199 pesos en la ejecución de un contrato de prestación de servicios educativos por valor de $14.886 millones (contrato de No. 276 de 2013) suscrito entre la Gobernación y la Diócesis.
Como medida cautelar, el organismo de control fiscal decretó el embargo preventivo y retención de la quinta parte del excedente del salario mínimo mensual legal vigente correspondiente al salario del Gobernador, lo mismo que 10 inmuebles de la Diócesis de Magangué.
La Contraloría cuestiona que el Gobernador de Bolívar aceptó una sola propuesta para celebrar el contrato, la cual además adolecía de falencias en su planeación.
Del Secretario de Educación Departamental, Javier Alberto Posada Meola, dice que no cumplió su función de supervisor del contrato, evidenciando una gestión ineficaz, ineficiente y antieconómica.
Mientras que de la Diócesis de Magangué la Contraloría advierte que “se benefició de la totalidad de un contrato que no ejecutó en su integridad, enriqueciéndose sin justa causa cuando recibe pagos sin que se hubiera ejecutado lo convenido”.
LAS IRREGULARIDADES
En la ejecución del contrato No. 276 de 2013 suscrito entre la Gobernación de Bolívar y la Diócesis de Magangué, la CGR detectó anomalías por $14.886 millones, así:
- La Diócesis subcontrató el 85.35% del valor total del contrato, con la Corporación Líder para el Desarrollo Integral de las Comunidades Vulnerables –CORLIVA.
El contratista sólo ejecutó $2.027 millones, el 14.65% del valor del contrato, y los restantes $11.816 millones quedaron a cargo de la corporación subcontratada por la Diócesis.
Los gastos de administración cobrados por el contratista y por la corporación de apoyo suman en total $751 millones, excediendo en más de $155 millones el 4% fijado en la canasta educativa, con lo cual se configura un presunto detrimento patrimonial por ese mismo valor (exactamente $155 millones 674.796 pesos).
Hay también un presunto daño patrimonial por $325 millones 374.842, por las irregularidades derivadas de un contrato de prestación de servicios de pinturas del 10 de septiembre de 2013, suscrito entre el representante legal de CORLIVA y Suministros Colombia BHS S.A.S., por la suma de $1.100 millones.
El contrato mencionado no se cumplió de manera total y existe un mayor valor pagado por la suma antes mencionada ($325 millones 374.842), que a la postre no se ejecutó en obras.
También se cuestiona un contrato de prestación de servicios de fumigación, limpieza y reparación de techos de establecimientos educativos de los municipios de Achí, Cantagallo, Montecristo, Morales, Norosí, San Jacinto del Cauca, San Martín de Loba y San Pablo, por valor de $476 millones 554.627 pesos, suscrito con la Corporación Paz Verde.
La CGR constató que al subcontratista Corporación Paz Verde se le pagó la suma de $487 millones 235.348 pesos, estableciéndose así un mayor valor pagado de $10 millones 680.720 pesos.
“ALUMNOS FANTASMAS”
La CGR también detectó 244 registros educativos duplicados de alumnos matriculados en las diferentes instituciones educativas oficiales comprendidas en el objeto del mismo.
Al liquidar el contrato, no se descontaron estos alumnos, con lo cual se configuró un presunto detrimento patrimonial por $152 millones 720 mil pesos.
Igualmente, no se encontró registro de sus calificaciones, con lo cual se evidencia que este servicio no se prestó (presunto detrimento patrimonial por $262 millones 900.000).
Según el listado que aportó la Secretaría de Educación Departamental sobre alumnos efectivamente atendidos por el contrato referido, aparecen registros de 66 estudiantes que la CGR constató fueron retirados y por tanto no se les prestó servicio educativo.
Sin embargo, al momento de liquidar el contrato 276 de 2013, no se descontó el valor equivalente al tiempo transcurrido desde el momento de la fecha de deserción de los alumnos hasta la terminación del período académico, con lo cual se produjo un presunto daño al patrimonio del Estado en cuantía estimada de $32 millones 890.000.
Para la CGR, los tres casos anteriores evidencian falta de seguimiento y control por parte de la Gobernación de Bolívar, que no permite un uso eficiente de los recursos públicos en pro de la calidad del servicio educativo en este departamento.
DOS RECTORES, DOS SUELDOS
La Contraloría detectó otro daño patrimonial, esta vez por $31 millones 637.437 pesos al permitirse la concurrencia de dos rectores (uno contratado y otro oficial) durante el año lectivo, en instituciones educativas del departamento.
Para la vigencia de 2013, en las instituciones educativas de Canaletal, Monterrey y Concorvado, pertenecientes a los municipios de San Pablo, Simití y Morales, respectivamente, se presentó concurrencia de rectores contratados y oficiales durante todo el año, por cuanto la Secretaría de Educación Departamental no realizó oportunamente las novedades de los rectores oficiales, por lo que estas instituciones tenían 2 rectores.
Y en la institución educativa La Victoria, del municipio de Cantagallo, se mantuvo por más de seis meses al rector oficial ejerciendo sus funciones; no obstante durante ese tiempo el operador del servicio educativo no contrató rector alguno.
Las situaciones descritas originaron que el departamento de Bolívar incurriera en la cancelación de una doble asignación a cuatro rectores de las instituciones educativas Corcovado, La Victoria, Monterrey y Pozo Azul, en la vigencia 2013, que representa un presunto daño patrimonial al Estado por la suma antes mencionada ($31 millones 637.437 pesos).
AUDIENCIA VERBAL DE DESCARGOS
La Contraloría General de la República programó Audiencia Verbal de Descargos para el próximo 30 de julio, a las 9:00 de la mañana, en la sede de CGR en Cartagena.
Comentarios ()