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Gobernadores entregaron declaratoria para apoyar a retornados de Venezuela

En el marco de la Cumbre Extraordinaria de Gobernadores para analizar el impacto de los retornados de Venezuela, los mandatarios del Caribe y el Gobierno Nacional expidieron una declaratoria conjunta que establece compromisos institucionales para organizar administrativa y financieramente a los territorios y aumentar la capacidad de apoyo a los migrantes venezolanos y connacionales.

En doce puntos, el documento establece propuestas y compromisos de los diferentes niveles de gobierno para mejorar las condiciones en materia de salud, educación, seguridad, empleo y estado migratorio de los ciudadanos proveniente del vecino país.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa, fue el vocero de los mandatarios departamentales para exponer las conclusiones de este encuentro, consignadas en la declaratoria “Venezuela nos toca a todos”.

“Ha sido una jornada muy provechosa para entender la situación de los hermanos retornados de Venezuela y todos los niveles del Gobiernos estamos en la disposición de hacer lo necesario para fortalecer los programas institucionales en beneficio de esta población que hoy necesita de nuestro respaldo”, indicó Verano.

El alto consejero para las Regiones, Camilo Sánchez, reafirmó su compromiso para acompañar esta iniciativa de los gobernadores del Caribe. “El gobernador Verano nos  mostró un ejercicio juicioso sobre el registro de retornados en el Atlántico, las acciones del Departamento y los requerimientos financieros para los programas institucionales. Ese es el trabajo que todos los territorios deben realizar para fundamentar las necesidades presupuestales ante el Sistema General de Participaciones", señaló Sánchez.

EN EL ATLÁNTICO

Verano De la Rosa expuso los resultados de las acciones del Departamento para identificar y garantizar los derechos de los connacionales y retornados de Venezuela.

"Los gobernadores de la región Caribe nos hemos unido para solicitar al Gobierno Nacional que a los territorios con impacto por la migración de venezolanos se les dé el mismo tratamiento que a los departamentos fronterizos. En Atlántico,  por ejemplo, tenemos el 52 % de los retornados identificados en esta zona del país”.

El mandatario explicó que con el censo en tres de los nueve municipios donde se realiza esta actividad, se identificaron 1.296 familias que suman 5.184 personas. Este registro se hizo en Campo de la Cruz, Manatí y Suan.

En lo que respecta al sector salud, la Gobernación del Atlántico ha invertido $2.653 millones en atención prioritaria a 3.120 retornados de Venezuela, de los cuales, 340 eran madres gestantes y 9 menores en estado de desnutrición.

En el Atlántico existen 2.783 niños vinculados al sistema educativo.  “Hemos solicitado a los rectores de los colegios oficiales revisar la circular conjunta 01 de 27 de abril de 2017 para aplicar mayor flexibilidad en el trámite de homologación escolar”.

Para cumplir eficazmente con el aspecto educativo, Verano De la Rosa indicó que se requiere la construcción de 72 aulas, ampliación de la planta con 80 docentes y recursos por el orden de $1.262 millones.

Los funcionarios del Gobierno Nacional hicieron especial reconocimiento a la iniciativa de los gobernadores del Caribe para impulsar con este evento una política de apoyo a los ciudadanos retornados de Venezuela.

También resaltaron el trabajo adelantado por el Departamento del Atlántico para la identificación y registro de esta población con la finalidad de restituir sus derechos.

ACCIONES NACIONALES

En la retroalimentación con los representantes de diferentes carteras ministeriales y organismos de control, se expusieron las principales acciones realizadas en beneficio de esa población.

Se implementó, hace un mes, por parte de Migración Colombia el Permiso Especial de Permanencia (PEP) para regular a las personas que han ingresado de manera irregular al país.

El PEP sirve para formalizar el ingreso al país de las personas que llegaron legalmente y que al 28 de julio del presente año se les venció el término de permanencia en Colombia y también a los que se encuentren en los términos de permanencia.

"Es mejor tener una población irregular identificada, será mejor para ellos y para nuestro país porque, de esa manera, como Estado tendremos un orden administrativo y los ciudadanos regularizados podrán acceder a un sistema de empleo formal, educación y seguridad social en salud y pensiones, ya sea mediante el régimen subsidiado o el contributivo", dijo el director de Migración Colombia, Christian Kruger.

El viceministro de Empleo y Pensiones, Fredys Socarrás, sostuvo que si no hay generación de empleo se aumenta la inseguridad. "El Permiso Especial de Permanencia es una importante herramienta para la modificación de la entrega de subsidios que está impulsando el Ministerio de Trabajo para beneficiar a los hermanos retornados de Venezuela mediante las cajas de compensación,  una vez formalicen su situación en nuestro país".

DECLARACIÓN ‘VENEZUELA NOS TOCA A TODOS’

Los gobernadores de la Región Caribe, directivos de la Federación Nacional de Departamentos (FND) y otras autoridades nacionales nos hemos reunido el 4 de septiembre de 2017 en un encuentro extraordinario en la ciudad de Cartagena de Indias con el objeto de analizar los diferentes aspectos de la crisis a la que están siendo sometidas las diferentes regiones colombianas a raíz de la migración de los ciudadanos provenientes de Venezuela.

Reconocemos que históricamente el fenómeno migratorio en los dos países ha sido pendular y corresponde, actualmente, una mayoritaria migración de colombianos, colombovenezolanos y venezolanos desde el hermana República hacia los departamentos de la costa Caribe.

Sabemos que este flujo pendular ha generado una deuda de gratitud con los hermanos venezolanos quienes en otra época de la historia, recibieron solidaria y humanitariamente a colombianos que emigraron a Venezuela.

Por lo anterior, esta Asamblea propone:

1-Que la crisis actual amerita pasar de una atención basada en criterios de gestión de riesgos a una política pública de carácter migratorio, estructural y definitiva. Esto hace necesario llevar el tema a las comisiones Segunda del Senado y Cámara de Representantes para que se aborde en el escenario legislativo los retos que esta situación impone.

2-Bajo estas premisas, los gobernadores del Caribe vemos necesaria la estructuración de un documento Conpes que oriente las acciones integrales y estructurales para atender la crisis en todos los sectores y todas las regiones.

3-Incluir en el plan Fronteras para la Prosperidad, un instrumento diseñado por el Gobierno Nacional para atender el fenómeno migratorio en los departamentos que, sin ser fronterizos, también son receptores de una gran cantidad de población migrante, debido principalmente a razones de arraigo.

4-La gran migración no puede seguir siendo manejada como un riesgo episódico, sino con políticas integrales, con definición de responsabilidades claras, orientadas principalmente hacia el respeto a los derechos humanos y la solidaridad.

5-Es necesario diseñar un sistema de información permanente para tener datos en forma técnica, calificada y actualizada, con metodología clara que permita planear adecuadamente las ofertas en cada variable y en cada sector, y priorizar salud, educación, empleo y seguridad, consideradas las de mayor impacto.

6-Fortalecer, en los territorios, las capacidades institucionales y revisar el marco de competencias de las entidades que deben atender los problemas, principalmente las del orden nacional. Establecer una ruta metodológica que permita una mejor articulación entre todos los niveles del Estado, con el fin de responder con eficacia los desafíos que la crisis plantea.

7-El Gobierno Nacional viene trabajando en acciones como la caracterización de la población migrante en la franja fronteriza para adoptar las políticas públicas necesarias y para ello se debe articular esta experiencia con la de las entidades territoriales.

8-Que si bien es cierto que la problemática ya adquirió dimensiones nacionales, son las regiones las que vienen asumiendo las consecuencias del fenómeno. Esto requiere política pública y asignación de recursos adicionales a través del Sistema General de Participaciones (SGP) y otras fuentes, en magnitud proporcional a lo que sucede en cada territorio.

9-Que el Gobierno Nacional debe comprometerse a transferir los recursos a los departamentos para atender la demanda adicional sobreviviente a raíz de la crisis humanitaria derivada de la migración.

10-Que ante la crisis en materia educativa, el Gobierno Nacional debe hacer esfuerzos adicionales para ampliar infraestructura escolar y la provisión de docentes que permita brindar, en condiciones óptimas, formación a todos los estudiantes que incluya a los que no tienen estado migratorio claro.

11-Que es necesario dinamizar la expedición de permisos para evitar la condición de ilegalidad y explotación laboral, afín de sintonizar esta coyuntura con las políticas de trabajo decente del gobierno colombiano.

12-Que se hace necesario para garantizar la seguridad nacional, fortalecer adecuadamente los puntos de control fronterizos por parte de las Fuerzas Armadas.

El país está abocado a atender, de manera solidaria y responsable, los impactos que genera la crisis humanitaria, la cual, implica la presencia de un gran número de personas y familias que buscan ayuda urgente y asistencia en materia de salud y educación entre otros servicios. Lo anterior, debido, principalmente, a la situación precaria de los lugares de origen. Esto representa una carga para el Estado colombiano, especialmente para los gobiernos locales fronterizos, para hacerle frente a esta situación se debe apelar a la solidaridad y disponer de recursos específicos sin sobrecargar a los entes territoriales afectados.
 

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