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Gobierno deberá pronunciarse sobre medidas cautelares para los wayúu

Al Estado colombiano le ha faltado atención y compromiso para evitar la desnutrición infantil en la Guajira. Después de nueve meses de entrevistas, análisis y visitas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) se pronunció sobre la emergencia humanitaria por la que está pasando la comunidad wayúu. En una resolución proferida el 11 de diciembre, la Comisión pidió medidas cautelares para la población que habita en Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao.

Es en estos municipios donde, según la Cidh, se ha agudizado la desnutrición por cuestiones como la sequía y los proyectos de extracción: “La Comisión observa que el Estado no ha suministrado información consistente respecto a un plan específico para realizar una búsqueda activa de niños con desnutrición y evitar posibles muertes en el corto y mediano plazo”. [Lea aquí: CIDH pide medidas cautelares a favor del pueblo Wayúu]

En los últimos ocho años, dice la Cidh, fallecieron 4.771 niños y niñas por causa de desnutrición crónica, 8 por ciento de los cuales representa niños y niñas registradas y el 92 por ciento de pequeños no registrados. De acuerdo con la senadora Sofía Gaviria, hasta el primero de diciembre habían fallecido 27 menores por desnutrición.

Así las cosas, la Cidh le solicitó al Gobierno “asegurar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud, con un enfoque integral y culturalmente adecuado, con el fin de atender la desnutrición infantil, así como tomar medidas inmediatas para que las comunidades beneficiarias puedan tener, a la brevedad posible, acceso al agua potable y a alimentos en calidad y cantidad suficientes”. El próximo 26 de diciembre el Gobierno deberá pronunciarse sobre las medidas cautelares.

Antecedentes

La Cidh recogió información proveniente del Ideam y de Naciones Unidas que demuestran una misma preocupación: el carácter desértico del departamento. Según Naciones Unidas, “el agua siempre ha sido escasa en la Alta Guajira. Los wayúu, con una población de 300.000, viven en rancherías dispersas a lo largo de 15.300 kilómetros de desierto. Esto ha significado un reto continuo en el abastecimiento de agua potable”.

A las dificultades climáticas se suma la ausencia estatal. Así lo expusieron los abogados Javier Rojas y Carolina Sáchica, solicitantes de las medidas cautelares. “Los sistemas de almacenamiento de agua y arroyos que proveían de agua a las comunidades de La Guajira están secos (...) La cuenca del río Ranchería es una zona en proceso de desertificación donde la principal fuente de abastecimiento sería el agua subterránea, por lo que el llamado ‘proyecto Cerrejón’ sería una amenaza para la supervivencia de esas comunidades, al consumir 34.904 metros cúbicos de agua al día”.

Acciones del Estado

El Gobierno Nacional le ha reportado todas las acciones que está realizando a la Cidh. Dentro de las más importantes están: el suministro de 10 carrotanques, 205 tanques, una planta desalinizadora, 110 jagüeyes y un taladro para abrir pozos profundos. Con estas herramientas la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) ha atendido a 700.000 personas.

Según el Gobierno, con el programa de prevención y reducción de anemia nutricional en niños de 6 a 23 meses proyecta una cobertura de atención de 45.000 niños. Por su parte, el Icbf reportó la atención de 37.040 mujeres gestantes a través de los Centros de Recuperación Nutricional.

Otro programa que destacó el Gobierno en su defensa ante la Cidh fue la “Alianza por el Agua y por la Vida”, que busca incrementar el 50 por ciento de la cobertura de los programas de seguridad alimentaria, duplicar la cobertura de agua en el área rural, atender inmediatamente el 100 por ciento de los casos de desnutrición y solucionar los problemas alimentarios y sanitarios “al 44 por ciento de la población rural de La Guajira en 2018”. Si bien la Cidh reconoció los avances, pidió que las acciones fueran inmediatas.

FISCALÍA INVESTIGA OPERADORES
· El pasado 11 de noviembre, la Fiscalía General dio a conocer un presunto desvío de recursos por 30.000 millones de pesos en La Guajira.
· Uno de los casos tiene que ver con un convenio administrativo con el Hospital San Rafael de Albania por 18.600 millones de pesos.
· El segundo hallazgo de la Fiscalía tiene que ver con dos contratos de 10.000 millones de pesos celebrados entre el Icbf y la Fundación un Mejor Vivir en 2015. 

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